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| miércoles, 14 de octubre de 2026 |
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Gobierno descontará el paro a estatales
La huelga de ATE paraliza organismos clave y se suma a la marcha universitaria y al intento opositor de sesionar contra el DNU 70/2023.
La administración de Javier Milei confirmó que descontará el día de trabajo a todos los empleados de la Administración Pública Nacional que se sumen al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado. La medida de fuerza, de 24 horas de duración, incluye una concentración y movilización hacia el Congreso a partir de las 13:30, en una jornada que promete ser intensa en materia política y sindical.
El sindicato aclaró que se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencias en los centros asistenciales adheridos. Sin embargo, la actividad normal podría verse interrumpida en organismos como Migraciones, ANSES, PAMI, Senasa, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil. En las jurisdicciones provinciales y municipales, cada administración local determinará el alcance de la adhesión al paro.
La protesta no se produce en el vacío. La misma jornada coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria y con un intento de la oposición parlamentaria de convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir la derogación del DNU 70/2023. Desde el oficialismo aseguran que los bloques opositores todavía no logran reunir el quórum necesario y trabajan activamente para evitar que la sesión se concrete.
En paralelo, el conflicto con las universidades nacionales sigue sin resolverse. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso contempla una partida de 7,5 billones de pesos para el sistema universitario, pero el Consejo Interuniversitario Nacional exige cerca de 11 billones. La brecha entre lo ofrecido y lo reclamado supera el 32%, y las casas de altos estudios advierten que los fondos proyectados no alcanzan para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario ni con las sentencias judiciales vigentes. Rectores, docentes y personal no docente exigen que esa normativa quede plenamente incorporada en el cálculo presupuestario.
El Ejecutivo reconoce que analiza incrementar los recursos asignados, aunque descarta llegar al monto que reclama el Consejo Interuniversitario. La estrategia oficial apunta a encontrar una salida dentro del marco del Presupuesto 2027, evitando que el conflicto se extienda y se profundice el año próximo.
Las negociaciones también contemplan aspectos impositivos y previsionales vinculados con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, así como el régimen de aportes patronales de las universidades nacionales, que converge de manera gradual hacia la alícuota general del sector público. La tasa actualmente fijada es del 13,65% para 2026, subirá a 14,52% en 2027 y alcanzará el 17,13% en 2030. Fuentes universitarias confirmaron que una eventual modificación de ese esquema está sobre la mesa, aunque aún no hay acuerdo.
Desde la Casa Rosada sostienen que un entendimiento que combine transferencias, salarios y cuestiones tributarias podría, además, desactivar el frente judicial abierto en torno a la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno insiste en que cualquier mejora debe preservar el equilibrio de las cuentas públicas y financiarse mediante reasignaciones internas.
En ese contexto, un juez declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley universitaria a la disponibilidad presupuestaria y ordenó su cumplimiento. El Ejecutivo apeló el fallo y argumenta que ya avanzó parcialmente en el cumplimiento de las obligaciones salariales y de funcionamiento.
A principios de junio, el Ministerio de Capital Humano había llegado a un acuerdo con el Consejo Interuniversitario y los gremios que incluyó una recomposición del 24,33% de la masa salarial, una actualización del 20% en los fondos de funcionamiento, un refuerzo de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios y un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, ese entendimiento no cerró el debate de fondo sobre el financiamiento estructural del sistema.
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