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| lunes, 12 de octubre de 2026 |
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Cristina Kirchner candidata: secretos de una estrategia
La defensa busca una medida internacional para suspender la inhabilitación de la expresidenta, mientras la Corte descarta que altere la condena. El kirchnerismo evalúa
Cristina Kirchnertiene una condena firme a seis años de prisión, una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y su nombre fue excluido del padrón electoral. Aun así, el kirchnerismo y su defensa trabajan sobreuna estrategia diplomática, política y judicial que mantiene abierta la hipótesis de una candidatura presidencial en 2027. El plan reúne tres frentes: una presentación ante Naciones Unidas, la posición de la Corte Suprema y el diseño electoral del peronismo.
La defensa busca una medida provisional del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que suspenda los efectos de la inhabilitación. En el máximo tribunal, en cambio, entienden que ningún pronunciamiento internacional podría modificar la sentencia firme. En paralelo, el kirchnerismo analiza cómo sostener la centralidad de la exmandataria en la discusión electoral, incluso si otra figura termina al frente de la fórmula.
La situación judicial deCristina Kirchnerincluye otros expedientes. Cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado a raíz del direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. Además, afronta el juicio oral de la causa Cuadernos, donde está acusada de encabezar una asociación ilícita vinculada con la recaudación ilegal de dinero de empresarios.
A ese cuadro se sumarán los procesos por Los Sauces y Hotesur, en los que también está acusado su hijo,Máximo Kirchner. El primero tiene previsto comenzar el 23 de octubre y el segundo, el 19 de marzo de 2027, aunque persiste una controversia judicial sobre la eventual reunificación de ambos debates.
El primer frente de la estrategia está enGinebra. El lunes 19 de octubre comenzará el 146° período de sesiones delComité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se extenderá hasta el 6 de noviembre. El organismo, integrado por 18 expertos independientes elegidos por los Estados parte, supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y puede examinar denuncias individuales por presuntas vulneraciones de los derechos previstos en ese instrumento.
Se trata de una instancia distinta del Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano intergubernamental de Naciones Unidas. Los abogadosRafael Valim, de Brasil, yJavier Borrego, de España, presentaron en julio una comunicación individual contra el Estado argentino. Ambos trabajan conCarlos Alberto Beraldi, defensor penal de la expresidenta en la Argentina, quien intervino en las distintas etapas que concluyeron con la sentencia firme de la Corte.
La presentación cuestionó aspectos del juicio de Vialidad y solicitó medidas provisionales para proteger los derechos políticos de Cristina Kirchner, además de revisar determinadas condiciones de su prisión domiciliaria. Durante las últimas semanas, la defensa incorporó una adenda con hechos posteriores, entre ellos embargos sobre bienes de la exmandataria, declaraciones de integrantes del Poder Judicial y manifestaciones del presidenteJavier Milei.
Uno de los elementos centrales de esa ampliación fue un informe económico-financiero elaborado con documentación oficial incorporada a la causa Cuadernos. El estudio examinó el destino de los recursos de un fideicomiso utilizado para financiar obras viales entre 2009 y 2015, con el objetivo de cuestionar uno de los fundamentos de la condena en Vialidad.
El trabajo fue elaborado por especialistas de la consultora brasileñaSpecsy analizó desembolsos de la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional, un mecanismo de financiamiento de infraestructura vial. Según sus conclusiones,los recursos evaluados alcanzaron unos USD 2.200 millones, distribuidos entre 367 obras, 114 constructoras y 3.855 certificados de pago.
Dentro de ese universo, las compañías vinculadas al Grupo Austral, deLázaro Báez, habrían percibido cerca de USD 18,66 millones, equivalentes al 0,85 % de los fondos examinados. El informe identificó 17 obras relacionadas con esas empresas que registraron pagos a través de esa fuente de financiamiento.
La defensa incorporó esos resultados para discutir la interpretación judicial sobre el direccionamiento de recursos públicos hacia las firmas de Báez. El análisis tiene un alcance delimitado: examina los desembolsos de una partida presupuestaria específica, no todos los mecanismos de financiamiento ni la totalidad de las pruebas valoradas en Vialidad. Sin embargo, es uno de los argumentos que el equipo jurídico pretende utilizar para pedir una revisión de la condena.
El período de sesiones del Comité introdujo una referencia temporal para la estrategia internacional, aunque una solicitud de medidas provisionales puede ser evaluada fuera de las reuniones ordinarias. El reglamento prevé la intervención de un relator para nuevas comunicaciones y medidas provisionales, que puede actuar en nombre del organismo sin que sea necesaria una deliberación de sus 18 integrantes ante cada pedido urgente.
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