|
 |
| domingo, 11 de octubre de 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Familia venció a Camioneros y espera condena
Dos dirigentes sindicales de San Nicolás enfrentan un juicio por extorsión tras bloquear una pyme familiar durante cinco días en 2021.
Durante cinco días de febrero de 2021, la vida de la familia Rey quedó patas arriba. Ricardo Rey, su esposa y sus dos hijos, Ariel y Gustavo, llevaban décadas al frente de una distribuidora que habían fundado en 1989 en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Pero una madrugada, alrededor de quince activistas del Sindicato de Camioneros cortaron el acceso a la empresa e impidieron la entrada y salida de vehículos. El negocio quedó paralizado.
Lo que desató el conflicto no fue ningún incumplimiento laboral. La familia pagaba sus impuestos, tenía quince empleados en regla y, desde 2017, incluso abonaba una "contribución" mensual al gremio local para, según les habían advertido, poder "trabajar en paz". El problema era otro: los Rey se negaron a encuadrar a su personal, afiliado al Sindicato de Comercio, bajo la órbita de Camioneros de San Nicolás, conducido por Maximiliano Cabaleyro. Esa negativa fue suficiente para desatar la ofensiva sindical que le generó a la empresa pérdidas estimadas en más de 370 millones de pesos.
En Argentina, este tipo de situaciones suele quedar impune. Muchas empresas ceden, pagan y siguen adelante en silencio. Pero los Rey tomaron una decisión diferente: radicaron una denuncia penal. La causa avanzó, y en 2022 tanto Cabaleyro —ex concejal del Frente de Todos— como Fernando Espíndola, otro representante del gremio, fueron detenidos por orden de la jueza de Garantías de San Nicolás. La acusación: extorsión y turbación en concurso con coacción.
La investigación reunió un contundente arsenal probatorio. Se incorporaron videos, grabaciones de audio, testimonios y, como elemento central, una caja de cartón que contenía 500.000 pesos en efectivo y dos cheques entregados en mano a los dirigentes sindicales como garantía de "paz social". Ese material fue clave para sostener la hipótesis de extorsión sistemática.
El juicio oral y público se desarrolló a lo largo de siete audiencias. Los fiscales a cargo de la acusación pidieron para Cabaleyro una condena de diez años de prisión efectiva por dos delitos de extorsión y otros dos de turbación en concurso con coacción. Espíndola, en tanto, quedó fuera del debate oral porque acordó un procedimiento abreviado a principios de septiembre, en el que podría recibir una pena de hasta seis años, pendiente de homologación judicial.
Ricardo Rey, el fundador de la empresa y figura central de esta historia, no llegó a ver el desenlace. Murió hace dos años. Sus hijos recuerdan que su imagen se hizo conocida más allá de San Pedro cuando se viralizó un video de aquellos días en el que, visiblemente afectado tras una inspección del Ministerio de Trabajo impulsada por el gremio, rompió en llanto y expresó con furia su hartazgo.
Ariel Rey, uno de los hijos, habló sobre el estado emocional de la familia en esta recta final. "Es una etapa importante para nosotros. Esperemos que la sentencia acompañe lo sucedido", afirmó. También destacó que el juicio permitió consolidar el trabajo probatorio realizado durante años. "Hay una sensación de alivio porque pudimos sostener con firmeza las pruebas incorporadas a la causa", agregó.
Para Ariel, sin embargo, el valor de este caso va más allá de lo personal. "Esta causa tiene que ser ejemplar para la Argentina más que para nosotros", remarcó, subrayando que el resultado del fallo —previsto para este miércoles— podría marcar un precedente inédito frente a prácticas sindicales que, habitualmente, quedan sin consecuencias judiciales.
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|