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| miércoles, 7 de octubre de 2026 |
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Protestas y marchas sacuden octubre
La CGT, sindicatos, piqueteros y universidades planifican dos semanas de movilizaciones contra el DNU 70/2023 y la venta de tierras.
Un fallo de la Corte Suprema que reactivó la derogación de la Ley de Tierras encendió la mecha de un plan de lucha que se extenderá durante dos semanas. Distintos sectores del sindicalismo, los movimientos sociales y la izquierda ya tienen fecha y lugar para sus movilizaciones, y las universidades también se suman al conflicto.
La Confederación General del Trabajo encabezará este jueves 8 de octubre una marcha en defensa de la industria nacional. Al día siguiente, el viernes 9, diversas organizaciones sociales y de izquierda se reunirán para coordinar una respuesta conjunta frente al decreto presidencial. Y el jueves 15, una movilización masiva al Congreso acompañará la sesión especial en la que la Cámara de Diputados intentará rechazar formalmente el decreto.
Las protestas comenzaron antes. Ayer, frente al Palacio de Tribunales en Plaza Lavalle, hubo una primera concentración impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Asociación Trabajadores del Estado y distintas agrupaciones sociales, ambientales y de derechos humanos. El eje del reclamo fue el rechazo al fallo firmado el 29 de septiembre por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Esa resolución dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto presidencial. Sin embargo, el máximo tribunal aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de la norma, sino únicamente sobre la legitimación del CECIM para presentar una acción colectiva. Al caer esa cautelar que estuvo vigente por más de dos años, volvió a regir la derogación de la Ley 26.737, que limitaba la compra y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.
Esa ley, sancionada en 2011, establecía que los extranjeros no podían ser titulares de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento. Además, impedía que una misma nacionalidad acumulara más del 30% de ese cupo, fijaba un tope de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo agrícola y restringía la adquisición de inmuebles con cuerpos de agua o ubicados en zonas de frontera.
El decreto que derogó esa norma es el DNU 70/2023, conocido como "Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina", firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre de 2023. El texto original contenía 366 artículos y dispuso modificaciones profundas en áreas como alquileres, salud, transporte, empresas públicas, mercado laboral y actividad económica en general. También declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
El artículo 154, incluido en el capítulo de bioeconomía, fue uno de los puntos más polémicos desde el inicio. La derogación de la Ley de Tierras generó resistencia inmediata y la Cámara Federal de La Plata ordenó su suspensión cautelar, que rigió durante más de dos años hasta que la Corte intervino.
En el plano parlamentario, el conflicto arrastra una historia sin resolver. El Senado rechazó el DNU 70/2023 el 14 de marzo de 2024, con 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones. Pero como el rechazo de una sola cámara no alcanza para invalidar un decreto de necesidad y urgencia, la norma siguió vigente. Ahora, con la cautelar caída y la presión en las calles en aumento, la oposición convocó a una sesión especial en Diputados para intentar completar ese trámite y frenar definitivamente los efectos del decreto.
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