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| domingo, 4 de octubre de 2026 |
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Dos decisiones del Gobierno tensaron a la CGT
La salida de una funcionaria clave y la apelación judicial contra Barrionuevo encendieron alarmas en el sindicalismo y amenazan con acelerar el paro.
La relación entre el Gobierno de Javier Milei y la CGT atraviesa un momento de alta tensión, aunque todavía no llegó al punto de concretar un nuevo paro general. El último había ocurrido el 19 de febrero y, desde entonces, el plan de lucha que la conducción cegetista lleva adelante junto a las dos CTA —activo desde el 22 de julio— optó por movilizaciones callejeras en lugar de huelgas. Hasta ahora se realizaron cuatro concentraciones de carácter testimonial, y se vienen dos más: una el jueves próximo en defensa de la industria nacional y otra en apoyo a la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre.
Dentro de la cúpula sindical, los sectores más dialoguistas insisten en que todavía no existe el clima social necesario para lanzar una paralización total. Reconocen que el malestar crece ante el deterioro de distintos indicadores económicos y laborales, pero dudan de que eso sea suficiente para garantizar el éxito de una huelga general. Las bases muestran resistencia a perder un día de salario o el presentismo, y muchos trabajadores temen que adherir a una medida de fuerza los exponga a represalias o despidos.
A ese escenario interno se le suma una dimensión política de peso: el peronismo está en plena discusión sobre candidaturas presidenciales y listas legislativas para 2027, y la CGT aspira a jugar un rol central en ese proceso. Sin embargo, un paro con escasa adhesión la dejaría debilitada justo cuando más necesita mostrar músculo. La pregunta que ronda en los pasillos sindicales es concreta: ¿qué dirigente político querrá asociarse electoralmente con un sindicalismo que no puede doblegar al Gobierno ni obligarlo a cambiar el rumbo?
En ese contexto, la central obrera había logrado en julio un acuerdo con el Ejecutivo para corregir aspectos de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral que afectaban el financiamiento de los sindicatos. El decreto 612 dejó a salvo la caja gremial y marcó una etapa de mayor predisposición al diálogo por parte del oficialismo, impulsada en buena medida por la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete. Algunos dirigentes creen que ese alivio económico explica por qué la CGT abandonó la idea de un esquema de protestas intensas —al estilo francés, con medidas sectoriales y alternadas— y se conformó con marchas que tampoco movilizaron todo el aparato sindical disponible.
Pero dos decisiones recientes del Gobierno volvieron a complicar el panorama. La primera es la intención oficial de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para impedir la certificación de autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), que conduce Luis Barrionuevo. La apelación busca frenar un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había convalidado provisionalmente la conducción nacional del gremio y ordenado a la Secretaría de Trabajo que emitiera en cinco días el certificado que reconoce a Barrionuevo como ganador de las elecciones internas de diciembre pasado.
El Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, decidió ir a la Corte argumentando que los comicios en los que Barrionuevo se proclamó triunfador aún están judicializados y no tienen fallo firme. En el sindicalismo, esta movida es leída como una señal de hostilidad: acudir a la Corte para bloquear el reconocimiento de un dirigente electo es interpretado como una interferencia directa en la vida interna de los gremios.
La segunda decisión que generó malestar fue la salida de Claudia Testa de la Subsecretaría de Trabajo, un cargo que los sindicalistas consideraban un canal de diálogo con el Estado. Su desplazamiento fue visto como otro guiño negativo. Ambas señales, juntas, reavivaron los debates internos en la CGT sobre si es momento de endurecer la estrategia, aunque la mayoría de los dirigentes prefiere esperar al menos hasta después de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. La expectativa cegetista es que el sucesor de Francisco emita mensajes que puedan leerse como una crítica a la política socioeconómica del Gobierno libertario.
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