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| domingo, 4 de octubre de 2026 |
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Dos decisiones del Gobierno tensaron a la CGT
La salida de una funcionaria clave de Trabajo y la apelación contra Barrionuevo encendieron alarmas en el sindicalismo y amenazan el diálogo.
La relación entre el Gobierno de Javier Milei y la CGT atraviesa un momento delicado. No llega al punto de ruptura total, pero tampoco está lejos de eso. El último paro general contra la administración libertaria se realizó el 19 de febrero y, desde entonces, la central obrera optó por un plan de lucha conjunto con las dos CTA que arrancó el 22 de julio y que priorizó las movilizaciones callejeras por sobre las huelgas. Hasta ahora se concretaron cuatro concentraciones de carácter más bien testimonial, y se vienen dos más: una el próximo jueves en defensa de la industria nacional y otra en apoyo a la Marcha Federal Universitaria del 15 de este mes.
En los pasillos de la conducción cegetista, el debate interno es intenso. Los sectores más dialoguistas insisten en que todavía no existe el clima social necesario para lanzar una nueva paralización general. Reconocen que el malestar crece ante el deterioro de algunos indicadores económicos y laborales, pero dudan de que ese descontento sea suficiente para garantizar una huelga exitosa. Sus propias bases muestran resistencia: los trabajadores no quieren perder un día de salario ni el presentismo, y muchos temen que la adhesión a una medida de fuerza los exponga a represalias o incluso al despido.
A eso se suma otro factor de peso: un paro general con escasa adhesión dejaría a la CGT en una posición de debilidad justo cuando el peronismo empieza a ordenar su tablero electoral de cara a 2027. La central obrera aspira a tener un rol protagónico en la definición de candidaturas presidenciales y listas legislativas. Pero ese protagonismo se vuelve difícil de sostener si el sindicalismo no logra demostrar capacidad de presión real sobre el Gobierno.
En este contexto, la CGT había logrado en julio un acuerdo con el oficialismo para corregir aspectos de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral que afectaban el financiamiento de los sindicatos. El resultado fue el decreto 612, que preservó la caja gremial y marcó una etapa de mayor predisposición al diálogo desde la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Algunos dirigentes creen que ese alivio económico fue determinante para que la central obrera abandonara la idea de un esquema de protestas sectoriales y alternadas, al estilo francés, y se inclinara por marchas que tampoco convocaron con toda la estructura sindical disponible.
Sin embargo, dos decisiones recientes del Gobierno volvieron a encender las luces de alerta en la CGT y podrían endurecer su postura. La primera es la apelación oficial ante la Corte Suprema para impedir la certificación de autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), liderada por Luis Barrionuevo. El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, decidió cuestionar el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había convalidado de forma provisoria la conducción de Barrionuevo y ordenado a la Secretaría de Trabajo que emitiera en cinco días el certificado de autoridades correspondiente. El argumento oficial es que las elecciones aún están judicializadas y no tienen sentencia firme.
En el sindicalismo, este movimiento fue leído como una señal de hostilidad. La CGT interpreta que el Gobierno busca interferir en la vida interna de los gremios usando al Poder Judicial como herramienta. La preocupación no es solo por Barrionuevo sino por el precedente que podría sentar esta decisión para otros sindicatos.
Mientras tanto, todos los actores aguardan con atención la visita del Papa León XIV a la Argentina. La expectativa cegetista es que el sucesor de Francisco emita señales que puedan leerse como una crítica a la política socioeconómica del Gobierno libertario, algo que podría darle nuevo impulso a la estrategia de presión de la central obrera.
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