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| sábado, 3 de octubre de 2026 |
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Oposición sin quórum busca presión social
A dos semanas de la sesión para derogar el DNU 70, los números siguen sin cerrarse y los gobernadores del norte son clave.
La oposición argentina enfrenta un escenario complejo de cara a la sesión especial convocada para dentro de dos semanas, en la que se debatirá la derogación del mega DNU 70, la emergencia en discapacidad y proyectos vinculados a mora y endeudamiento. Con los votos ajustados y varios bloques provinciales que prefieren guardar silencio, desde la oposición reconocen abiertamente que necesitan que el clima social presione a ciertos sectores para garantizar el quórum.
La base opositora está conformada por Unión por la Patria con 92 diputados, un sector de Provincias Unidas con 8, el Frente de Izquierda con 4, Primero San Luis con 2, la Coalición Cívica con 2, Encuentro Federal con 2, y un diputado cada uno de Defendamos Córdoba y Coherencia, lo que suma 112 legisladores. Los más optimistas agregan a ese cálculo tres diputados misioneros de Argentina Federal y cinco cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. En ese sentido, señalaron que este último bloque tendría dificultades para ausentarse, dado que la senadora Vigo, del mismo espacio político, tuvo una participación muy activa en el debate sobre venta de tierras y la movilización en Córdoba fue de gran magnitud.
Por el lado del oficialismo, La Libertad Avanza y sus aliados también rondan las 120 voluntades: el bloque oficialista aporta 95, el PRO suma 12, la UCR 6, y el resto se completa con bloques menores como MID, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz, La Neuquinidad y Adelante Buenos Aires. Desde las filas libertarias aseguran con confianza que la oposición no tiene los números necesarios.
En este contexto, los votos que definirán el resultado serán los de tres bloques provinciales con fuerte anclaje en sus gobernadores: Independencia, con tres diputados que responden a Osvaldo Jaldo de Tucumán; Elijo Catamarca, con otros tres legisladores vinculados a Raúl Jalil; y Argentina Federal, con cinco bancas donde tiene influencia el salteño Gustavo Sáenz. La preocupación opositora creció al ver las imágenes de Jaldo y Sáenz compartiendo momentos distendidos con el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo durante la denominada Argentina Week en París. "¿Los que están en Francia con Milei van a volver para votar en contra del Gobierno?", planteó con escepticismo un diputado opositor.
El oficialismo, en tanto, no terminó de definir su estrategia parlamentaria, decisión que tomaría en una reunión de la Mesa Política prevista para el próximo martes. Entre las alternativas que se evalúan figura reincorporar un capítulo sobre tierras a la ley de Propiedad Privada que ya tiene media sanción del Senado, o bien presentar un texto separado que se trataría en una eventual sesión el 21 de octubre, junto a los proyectos de endeudamiento y discapacidad.
El Gobierno además logró quedarse con los dictámenes de mayoría en las comisiones de endeudamiento y discapacidad, lo que le daría margen para asegurarse apoyo en esos temas con algunas concesiones, y de ese modo reducir el impacto político de la sesión opositora. Algunos bloques que acompañaron con disidencias la propuesta oficialista en discapacidad mostraron su malestar porque, según dijeron, la oposición más dura mezcló temas para asegurarse el quórum, utilizando una causa sensible como excusa.
A su vez, el oficialismo confía en que el debate sobre la venta de tierras a extranjeros perderá fuerza tras el anuncio del Programa de Ciudadanía por Inversión, presentado desde París por Caputo y Diego Santilli. A través de esta iniciativa, los extranjeros que acrediten inversiones relevantes en el país podrán solicitar la ciudadanía argentina y acceder al pasaporte nacional. Los interesados podrán optar entre un aporte directo no reembolsable al Tesoro de 350.000 dólares o suscribir un título público a tasa cero creado para tal fin. El programa comenzaría a operar en el último trimestre de 2026 y los fondos recaudados se destinarán a fortalecer las cuentas públicas. Para el Gobierno, esta medida torna innecesaria la ley de tierras que impulsa la oposición. La sesión, además, coincidiría con la Marcha Universitaria Federal, lo que agrega una variable de presión social al escenario político.
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