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| sábado, 3 de octubre de 2026 |
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Oposición apela a presión social por DNU
A dos semanas de la sesión especial, los votos siguen sin estar definidos y los gobernadores del norte son clave.
A dos semanas de la sesión especial convocada para debatir la derogación del DNU 70, la oposición reconoce que no tiene el quórum asegurado y que su única carta para lograrlo es la movilización social. "Dependemos del clima en la calle para empujar a algunos bloques", admitió un dirigente opositor, en una frase que resume la fragilidad de la convocatoria.
La sesión se realizará el mismo día que la Marcha Universitaria Federal, lo cual le agrega una dimensión política extra al momento. Además del DNU 70, en el temario figuran proyectos sobre la emergencia en discapacidad, mora y endeudamiento, temas que generaron tensiones incluso dentro de los propios bloques opositores.
La base de apoyo opositor suma 112 diputados: los 92 de Unión por la Patria, ocho de Provincias Unidas, cuatro del Frente de Izquierda, dos de Primero San Luis, dos de la Coalición Cívica, dos de Encuentro Federal, y uno cada uno de Defendamos Córdoba y Coherencia. Los sectores más optimistas agregan tres legisladores misioneros de Argentina Federal y cinco cordobeses de Provincias Unidas vinculados al gobernador Martín Llaryora. Estos últimos, sin embargo, están en una posición incómoda porque la senadora de su espacio, Vigo, tuvo una participación muy activa en la cuestión de la venta de tierras, y la movilización ciudadana en Córdoba fue notable.
Del otro lado, el oficialismo también ronda los 120 votos, con La Libertad Avanza como núcleo con 95 legisladores, más el PRO con 12, seis de la UCR, dos del MID, dos de Producción y Trabajo, y uno cada uno de Por Santa Cruz, La Neuquinidad y Adelante Buenos Aires.
En este escenario de empate técnico, los votos que definirán el resultado pertenecen a tres bloques provinciales: Independencia, con tres diputados alineados con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo; Elijo Catamarca, con otros tres vinculados al gobernador Raúl Jalil; y Argentina Federal, con cinco legisladores donde tiene influencia el gobernador salteño Gustavo Sáenz. Justamente, las fotos de Jaldo y Sáenz junto al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo en París durante la llamada Argentina Week generaron alarma en la oposición. "¿Creés que los que están en Francia con Milei van a volver para ir en contra del Gobierno?", planteó un diputado con escepticismo.
Desde el oficialismo aseguran que la estrategia parlamentaria se definirá el próximo martes en la reunión de la Mesa Política. Entre las opciones que se manejan está la de incorporar un capítulo sobre tierras en la ley de Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado, o bien presentar un texto separado para tratarlo en una eventual sesión el 21 de octubre, junto a los proyectos sobre endeudamiento y discapacidad.
El Gobierno ya obtuvo los dictámenes de mayoría en los temas de discapacidad y endeudamiento, y con algunas concesiones podría asegurarse el apoyo necesario en ambos, lo que le permitiría vaciar de contenido la sesión opositora. Algunos bloques que acompañaron con reservas la propuesta oficial en discapacidad expresaron su malestar porque la oposición mezcló distintos temas en una misma sesión. "Están usando una causa noble para juntar quórum", se quejaron.
Por su parte, el Gobierno consideró que el debate sobre la venta de tierras a extranjeros perderá fuerza tras el anuncio del Programa de Ciudadanía por Inversión, presentado por Caputo y el funcionario Diego Santilli durante la Argentina Week en París. Según esta iniciativa, los extranjeros que acrediten inversiones relevantes en el país podrán solicitar la ciudadanía argentina y obtener el pasaporte. Los trámites comenzarán a partir del cuarto trimestre de 2026. Los interesados podrán elegir entre hacer un aporte directo no reembolsable al Tesoro de 350.000 dólares o suscribir un título público a tasa cero creado especialmente para este fin. Los fondos recaudados se destinarán a fortalecer la posición fiscal y financiera del Estado. Para el oficialismo, este esquema hace que la regulación sobre tierras "no tenga sentido".
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