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| jueves, 1 de octubre de 2026 |
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El Estado debe hablar claro para garantizar derechos
El presidente de la Suprema Corte bonaerense abrió una convención internacional sobre lenguaje claro organizada por la RAE en La Plata.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, sostuvo que el Estado tiene la obligación de expresarse en términos comprensibles para la ciudadanía. Según el magistrado, cuando una persona no puede entender una sentencia, una ley o una resolución administrativa, su derecho a acceder a la información queda vacío de contenido real.
Torres encabezó la apertura de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se celebró el jueves 1 y el viernes 2 de octubre en la ciudad de La Plata. El evento fue organizado en conjunto por la Real Academia Española y la Suprema Corte bonaerense, con la Academia Argentina de Letras como institución anfitriona. También participaron el vicepresidente del tribunal, Daniel Fernando Soria; la ministra Hilda Kogan; y el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado.
Durante su intervención, Torres fue contundente: las normas, resoluciones y sentencias deben poder ser entendidas por quienes están destinadas, sin necesidad de recurrir a intermediarios. Afirmó que el sistema judicial tiene la responsabilidad de que cada persona sepa qué se resolvió en su caso y por qué razones. Además, señaló que la mera publicación oficial de una ley no garantiza que sea accesible. Una norma puede estar disponible para su consulta y, al mismo tiempo, resultar incomprensible para quien debe aplicarla o utilizarla para defenderse.
Desde su perspectiva, entender una norma es la condición mínima para poder reclamar ante una autoridad, impugnar una decisión o ejercer cualquier derecho reconocido por el ordenamiento jurídico. La claridad, en ese sentido, funciona también como un freno frente al poder del Estado: si el ciudadano no comprende lo que se le dice, no puede defenderse.
Muñoz Machado, al frente de la RAE, compartió ese enfoque y amplió el alcance del planteo. Consideró que la exigencia de claridad no debe limitarse a los organismos públicos, sino extenderse también a empresas privadas que prestan servicios esenciales o que tienen un impacto directo sobre la vida cotidiana de las personas, como bancos, aseguradoras y compañías de servicios eléctricos.
Torres precisó que la Suprema Corte bonaerense adoptó el lenguaje claro como política institucional en agosto de 2019. Desde entonces, el Poder Judicial de la provincia incorporó este criterio como eje de trabajo tanto en la producción escrita como en las intervenciones orales de sus operadores. El magistrado aclaró, sin embargo, que simplificar el lenguaje no significa resignar precisión técnica: una redacción más clara no puede alterar el contenido jurídico de una decisión ni omitir los elementos necesarios para interpretarla correctamente.
La convención abordó una agenda amplia. Las distintas mesas de trabajo analizaron la claridad en el ámbito judicial, en la administración pública y en la comunicación electoral. También se debatieron el vocabulario legislativo, la legislación ambiental y experiencias parlamentarias de distintos países. El programa incluyó además paneles sobre instrucciones para jurados populares, tutela judicial, oralidad, entornos digitales, comunicación multiplataforma y gestión institucional ante situaciones de crisis.
La provincia de Buenos Aires cuenta con la ley 15.184, que establece el marco normativo para la aplicación del lenguaje claro en el ámbito del Estado provincial, un antecedente que Torres destacó como parte del compromiso institucional de la Corte con esta política.
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