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| jueves, 1 de octubre de 2026 |
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El Gobierno enfrenta tormenta económica y legislativa
Con Milei en París, la oposición busca derogar el DNU 70/2023 tras un fallo de la Corte que reabrió el debate sobre la venta de tierras a extranjeros.
Octubre arrancó con el Gobierno en modo supervivencia. La incertidumbre sobre la solidez del programa económico se instaló tanto en los mercados como en los pasillos de la política, justo cuando la administración de Javier Milei necesitaba mostrar resultados concretos en un año que ya tiene olor a campaña electoral.
En ese marco, la mesa política del Ejecutivo se reunió el martes para trazar la hoja de ruta legislativa del tramo final del año. Las conclusiones fueron modestas: el oficialismo considera que ya empujó las iniciativas más importantes y que lo que resta es navegar el debate sobre morosidad, avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y aprobar el Presupuesto. También se decidió dejar de postergar la reforma electoral. Diego Santilli se mostró optimista respecto de los números en el Congreso, aunque otras voces dentro del propio Gobierno empezaron a contemplar un 2027 más complicado, especialmente si las PASO vuelven al calendario. Con ese panorama de fondo, buena parte del gabinete partió hacia París en busca de un respiro.
Pero mientras la comitiva oficial hacía las valijas, la Corte Suprema preparaba una sorpresa. En su acuerdo ordinario, los tres jueces del máximo tribunal resolvieron más de 400 causas, entre ellas un amparo que había llegado en mayo de 2024 impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. Ese amparo cuestionaba el artículo 154 del DNU 70/2023, el célebre megadecreto con el que Milei debutó en el poder bajo la influencia de Federico Sturzenegger, quien en ese momento aún no integraba el Ejecutivo formalmente. Dicho artículo derogaba la Ley de Tierras y habilitaba la venta de campos a extranjeros sin ningún límite.
Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz fallaron de manera unánime para revocar la sentencia de la Cámara Federal platense que había anulado ese artículo. Sin embargo, no se pronunciaron sobre el fondo del asunto. El argumento fue técnico: el centro de excombatientes no tenía legitimación para promover una acción colectiva, por lo que el amparo estuvo mal encuadrado desde el principio.
A primera vista, el Gobierno respiró aliviado. Milei lo interpretó como una victoria, replicó en redes sociales el festejo de un empresario cercano y en el Coloquio IDEA remarcó que el fallo de la Corte es definitivo. Pero la euforia duró poco.
Antes de que el avión presidencial despegara rumbo a Europa, varios bloques de la Cámara de Diputados ya estaban coordinando para impulsar la derogación completa del DNU 70/2023. La narrativa opositora quedó servida en bandeja: había que tirar abajo el primer decreto de Milei para proteger la soberanía nacional. Juan Grabois no tardó en retomar el mote de vendepatria contra el Gobierno, reviviendo una acusación que el oficialismo creía haber dejado atrás con su giro malvinero de los últimos meses.
El peligro real es que, en un momento de alta tensión económica y sensibilidad social, la oposición logre infligirle al Ejecutivo una derrota en un tema tan cargado simbólicamente. La pregunta que circula en el Congreso es si el bloque que va desde el peronismo hasta la izquierda, pasando por figuras como Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón, podrá reunir efectivamente los votos necesarios para derogar el decreto.
Desde el oficialismo, Martín Menem —que se quedó en el país tras la muerte del senador Juan Carlos Pagotto y viajó a La Rioja— comenzó a diseñar una estrategia defensiva. La idea es atraer a los diputados más dialoguistas hacia la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado, e incorporarle artículos que regulen la extranjerización de tierras. De ese modo, el Gobierno buscaría canalizar la discusión por esa vía y desarmar la coalición que quiere voltear el DNU completo. El problema es que ese proyecto, en su versión original, apuntaba a la liberalización total, por lo que incorporar topes representaría un giro ideológico incómodo. Cómo lo toma Sturzenegger es, por ahora, una incógnita.
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