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| martes, 29 de septiembre de 2026 |
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Argentina denuncia vuelos ilegales desde Malvinas
El gobierno de Milei exige al Reino Unido frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion o enfrentará arbitraje internacional.
El gobierno argentino dio un paso contundente en su pulseada con el Reino Unido y denunció que una empresa de origen británico operó vuelos no autorizados entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas. La aeronave tenía matrícula inglesa y realizó esos trayectos sin ningún tipo de habilitación por parte de las autoridades argentinas.
Según un comunicado emitido desde la Presidencia de la Nación, Javier Milei ordenó iniciar de urgencia procedimientos sancionatorios y acciones penales contra la firma THALES UK LIMITED, señalada como responsable de esas operaciones aéreas irregulares. Al mismo tiempo, el Ejecutivo instruyó a sus equipos de gobierno para avanzar en las gestiones diplomáticas vinculadas al caso. Se trató, según se informó, de una delegación de empresarios británicos provenientes del archipiélago que participó de una ronda de negocios con proveedores chilenos, con el objetivo de establecer una ruta comercial entre las islas y el extremo sur de Chile.
Pero la denuncia por los vuelos fue solo una parte del comunicado. El punto de mayor peso político y jurídico fue la intimación formal cursada al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que, en un plazo máximo de dos semanas, detenga las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos enmarcadas en el proyecto conocido como Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Milei fue explícito al respecto y advirtió que, si Londres no cumple ese requerimiento en el tiempo estipulado, la Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que preserven los derechos soberanos del país sobre su plataforma continental. También anunció el inicio del proceso de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El presidente compartió personalmente el comunicado y fue categórico: afirmó que instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para llevar adelante ese arbitraje internacional, y remarcó que las Malvinas se defienden con hechos y no con palabras.
El texto oficial también rechazó de manera tajante los argumentos esgrimidos por el gobierno británico en respuesta a las declaraciones que Milei realizó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La postura argentina sostiene que ni la denominación del archipiélago como territorio británico de ultramar ni el referéndum organizado unilateralmente en 2013, en el que el 99,8% de los residentes de las islas votó por continuar bajo administración de Londres, tienen la capacidad de modificar la existencia de la disputa de soberanía reconocida por los propios organismos internacionales. Para Buenos Aires, ese conflicto debe resolverse a través del diálogo bilateral, tal como lo establecen los mandatos de las Naciones Unidas.
El respaldo legal de la posición argentina descansa sobre dos resoluciones históricas de la Asamblea General de la ONU. La Resolución 2065 reconoció formalmente la existencia de una controversia de soberanía entre ambos países sobre las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos adyacentes, e instó a las partes a buscar una solución pacífica mediante negociaciones. Por su parte, la Resolución 31/49 fue aún más específica y exhortó a ambos gobiernos a abstenerse de tomar decisiones que alteren unilateralmente el estado de la situación mientras ese proceso continúe. El gobierno argentino entiende que la explotación de recursos naturales en esas zonas viola ambas resoluciones y genera, según el documento presidencial, un perjuicio irreversible e irreparable sobre los derechos soberanos del país.
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