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| martes, 29 de septiembre de 2026 |
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Lijo amplió el secreto fiscal de Adorni
El juez extendió la medida a su esposa y autorizó verificar ocho direcciones de bitcoin invocadas por la defensa como origen de su patrimonio.
El juez federal Ariel Lijo decidió ampliar el levantamiento del secreto fiscal que pesa sobre el vocero presidencial Manuel Adorni, extendiendo el período investigado desde el 28 de febrero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2011. Esto significa que la justicia podrá acceder a su historial tributario desde que cumplió los 18 años hasta el momento a partir del cual ya existía investigación en la causa que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito.
La iniciativa había partido del fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó el acceso a las declaraciones juradas de Adorni, sus inscripciones impositivas, actividades declaradas, datos aportados por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización de activos. El objetivo es reconstruir su historial económico desde el inicio de su vida laboral.
La medida también involucra a su esposa, Bettina Angeletti, bajo los mismos criterios. En su caso, el período abarcado va desde el 10 de octubre de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2011, cuando ella también habría alcanzado la mayoría de edad.
En paralelo, Lijo autorizó una diligencia probatoria de carácter técnico orientada a verificar la explicación patrimonial aportada por el imputado. La medida implica citar al defensor Matías Ledesma para que concurra a los tribunales de Comodoro Py junto a un perito de parte, portando una computadora propia y el material necesario para acceder a billeteras de criptomonedas mediante aplicaciones como Sparrow o Electrum. Durante el acto, el especialista deberá firmar y verificar mensajes en cada una de las ocho direcciones de bitcoin señaladas por la defensa, utilizando las funciones técnicas correspondientes.
Una vez completada esa operación, personal técnico de la Policía Federal Argentina realizará una verificación criptográfica de las firmas asociadas a cada una de esas direcciones. Todo el procedimiento será grabado y las claves privadas permanecerán bajo custodia exclusiva de la defensa.
Según el fiscal, la liquidación de esas tenencias en criptomonedas habría generado USD 591.544,61, cifra que la defensa utilizó para explicar el origen de los USD 565.000 declarados en efectivo en el país bajo el concepto de venta de activos. La fiscalía busca comprobar si esa explicación es consistente con los movimientos reales de las billeteras digitales señaladas, que habrían operado entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.
En ese marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá informar fechas, montos, entidades involucradas, destino declarado y resultado de las validaciones de cada operación relacionada.
La fiscalía también solicitó a la ANSES la historia laboral completa del matrimonio, incluyendo aportes, remuneraciones, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas previsionales, y actividades como autónomos o monotributistas.
Finalmente, se requirió información a los registros de la propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires sobre los inmuebles que ambos hayan tenido a su nombre, con fechas de adquisición y transferencia, porcentajes de titularidad, gravámenes y datos de escrituras.
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