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| martes, 29 de septiembre de 2026 |
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Miño exige fondos para barrios populares
La legisladora de UP respaldó un proyecto con más de 140 firmas para extender la emergencia sociourbana por diez años.
La diputada nacional Fernanda Miño salió a cuestionar duramente al Gobierno nacional por haber desarticulado las políticas de integración destinadas a los barrios populares del país. En ese marco, respaldó una iniciativa legislativa que propone prorrogar por una década la emergencia sociourbana y recuperar el financiamiento para obras de infraestructura en esos territorios.
El proyecto, que ya cuenta con el apoyo de más de 140 legisladores de distintos bloques, surgió de la Mesa Nacional de Barrios y plantea retomar los trabajos que, según la diputada, quedaron paralizados con la gestión actual. Miño remarcó que miles de familias siguen viviendo sin acceso a servicios básicos y que todavía hay recursos disponibles que podrían redirigirse para reactivar esas obras.
La legisladora, que nació y vive en la villa La Cava del partido de San Isidro, subrayó que esta discusión tiene una historia que se remonta al año 2016, cuando comenzaron a organizarse quienes habitan los barrios populares. En ese recorrido, destacó la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y la sanción de la Ley 27.453 como hitos fundamentales. Ese proceso contó con la participación de organizaciones sociales, Techo y Cáritas, y logró concitar el apoyo de distintos sectores políticos.
Uno de los logros que rescató fue la implementación de los certificados de vivienda, documentos que funcionan como un título posesorio y permiten acreditar la residencia de las familias que viven en los barrios registrados. Para Miño, ese instrumento fue clave para reconocer formalmente la presencia de esas comunidades.
La diputada también insistió en que el debate no debe reducirse a la construcción de viviendas nuevas. El foco, sostuvo, tiene que estar puesto en urbanizar los barrios que ya existen, llevándoles infraestructura y servicios. Según sus datos, en la Argentina hay más de 6.400 barrios populares con carencias graves: falta de agua potable, problemas de energía eléctrica, ausencia de iluminación pública, deficiencias en los accesos y escasez de espacios comunitarios.
A esas carencias se suman consecuencias concretas y peligrosas: barrios que se inundan por la falta de obras hidráulicas y viviendas que se incendian debido a conexiones eléctricas precarias e improvisadas. Miño señaló que durante su paso por la Secretaría de Integración Socio Urbana se intentó cambiar el paradigma de las políticas habitacionales, priorizando llevar los servicios básicos a los barrios existentes en lugar de construir nuevas unidades de manera aislada.
"Hay familias que necesitan ser integradas ya", remarcó, apuntando a la urgencia de retomar una política pública que, a su entender, el Gobierno nacional desmanteló de manera deliberada.
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