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| domingo, 27 de septiembre de 2026 |
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La polémica Ley Moyano vuelve a escena con la nueva licitación
En los pliegos para renovar las concesiones, que se analizarán el 5 de octubre en una audiencia pública, no se prevé el pago de las indemnizaciones para los 6 mil
Cuando tenga lugar laaudiencia públicapara analizar los pliegos de licitación del servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de octubre, puede iniciarse una pelea de fondo con elSindicato de Camioneros:están en juego las condiciones en que se otorgarán las concesiones entre 2028 y 2038, pero el gobierno deJorge Macripor ahorano contempla pagar las indemnizacionesque desde los años 90 recibe el gremio de los Moyano al renovarse los contratos.
Ese es el significativo dato que pusoen alertaal gremio deHugo Moyano y su hijo Pabloa partir de los anteproyectos de pliegos del servicio público de higiene urbana de CABA, que serán evaluados en la audiencia pública del 5 de octubre, que se hará de manera virtual, y se sabe que los líderes de Camionerosprotestaránsi en las cláusulasno figuranlas indemnizaciones para ser pagadas al personal del sector dentro de casi 12 años.
Pero, a la vez, también podrían amenazar con medidas porque los Moyano tampoco están seguros de que en elpresupuestode la ciudad para 2027, que el jefe de Gobierno presentará en la Legislatura porteña, estén contempladas las partidas para resarcir económicamente a los6 mil trabajadoresdel sector, aunque desde septiembre de 2028 y durante 10 añosmantendrán su empleoen las mismas empresas o en otras similares que ganen la licitación para recolectar la basura en la ciudad.
Están en discusión alrededor de200 millones de dólares,necesarios para indemnizar a los recolectores de residuos porteños, que deberían pagarse porque en elúltimo pliego licitatorio,cuyo vencimiento se prorrogó hasta septiembre de 2028, el punto 3, Régimen de Personal Operativo, contempla un ítem llamado“Indemnizaciones Finales”,que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatariocalculará las indemnizacionesdel personal; una vez auditadas,el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.
El trasfondo del enfrentamiento que se perfila es la aplicación de la polémicaLey Moyano,esa norma no escrita por la cual el Sindicato de Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas,despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
Esa “ley”, en realidad,no tiene basamento jurídico algunosino sólo un fundamento basado en elpoder de fuegodel sindicato liderado por los Moyano.
La Ley Moyano se inauguró en1998con la finalización del contrato con Manlibay se afianzó en la gestión porteña deMauricio Macricuando tenía aspiraciones de un proyecto político nacional: en2012impulsó en la Legislatura de la ciudad la aprobación de unbono por 220 millones de pesospara indemnizar a los recolectores de residuospor cada cambio de concesión.
Desde entonces, la “ley” de Camioneros se impuso en lasmunicipalidades de Avellaneda y Morenoante las nuevas concesiones para la recolección de basura, en una distribuidora de lacervecería Quilmesy en filiales locales de empresas internacionales comoDHLyFedEx.
También fue el eje del duro conflicto cuando elsupermercado Walmartfue adquirido por el Grupo Narváez, en marzo de 2021, y el Sindicato de Camionerosbloqueóun depósito de la empresa para se aceptara su exigencia deechar a 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución, pagarles la doble indemnización que regía y volver a emplearlos.Finalmente, no hubo indemnización, pero sí unacuerdomediante el pago de 227.576.922 millones de pesos a 477 trabajadores como unagratificación extraordinaria.
El ex jefe de Gobierno porteñoHoracio Rodríguez Larreta, que mantenía muy buenas relaciones con Camioneros, soportó la mismapresióncuando en 2022 decidióestatizar el sistema de grúas: Pablo Moyano lo acusó de quererprecarizarel salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, aunqueno dejó de negociarcon los funcionarios de la ciudad.
El acuerdo final consistió en que los 500 empleados de las empresas Dakota y BRDpasaran a SBASE,empresa del Estado porteño,donde mantendrían elmismo convenio laboralde Camioneros, y cada uno de ellos cobró una indemnización dehasta 4 millones de pesos,es decir, un total de casi2000 millones de pesos.
Jorge Macriheredó la “jurisprudencia” de la Ley Moyanosentada por sus predecesores del PRO. En mayo de 2024, Pablo Moyanoamenazóconllenar la ciudad de basuraa partir de octubre si el gobierno porteño noindemnizabaa 6 mil trabajadores por el próximo vencimiento de los contratos de recolección de residuos.
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