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| sábado, 26 de septiembre de 2026 |
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La SIGEN renovó sus normas de auditoría interna
Tras casi 25 años sin cambios, el organismo actualizó el marco técnico que regula el control interno en el Estado nacional y las universidades.
La Sindicatura General de la Nación dio un paso significativo en la modernización del control estatal al reformular las normas que regulan la auditoría interna en el sector público. El organismo dejó atrás un esquema que llevaba vigente desde 2002 y aprobó un nuevo conjunto de reglas técnicas y metodológicas adaptadas a la realidad actual de la administración pública argentina.
La medida quedó oficializada mediante la Resolución SIGEN N° 292/2026, que deroga las normativas anteriores y establece un marco renovado aplicable tanto al Sector Público Nacional como a las Universidades Nacionales. El cambio no implica una ruptura con lo construido durante más de dos décadas, sino una evolución que incorpora la experiencia acumulada y la suma de nuevos criterios y prácticas profesionales.
Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con la concepción misma de la auditoría. El nuevo enfoque ya no la limita a una revisión de hechos pasados, sino que la transforma en una herramienta capaz de identificar riesgos de manera anticipada, detectar problemas antes de que ocurran y brindar información útil para mejorar la toma de decisiones en las organizaciones públicas. En definitiva, la auditoría interna pasa a tener una función prospectiva y basada en evidencia.
Las nuevas normas también refuerzan la independencia y la objetividad de los equipos de auditoría, y amplían su rol como instancia tanto de aseguramiento como de asesoramiento estratégico. El foco está puesto en tres pilares fundamentales: la gobernanza institucional, la gestión de riesgos y el control, con una orientación clara hacia la generación de recomendaciones concretas y oportunidades reales de mejora.
La tecnología ocupa un lugar central en esta actualización. Las nuevas normas incorporan de manera explícita el uso de herramientas tecnológicas para recopilar, analizar y evaluar información. Además, contemplan la gestión de recursos tecnológicos dentro de las organizaciones y los riesgos que pueden derivarse de su utilización, un aspecto que el marco anterior no abordaba con la profundidad necesaria.
En paralelo, se elevan las exigencias profesionales para quienes integran los equipos de auditoría. Se espera que cuenten con conocimientos actualizados, dominio del análisis de riesgos, manejo de herramientas de datos y capacidad para comunicar sus conclusiones de forma clara y precisa ante las autoridades correspondientes.
La reforma también incorpora una mirada orientada a evaluar la eficiencia y el impacto de la acción pública, sumando una perspectiva más productiva al trabajo de control interno. La lógica detrás de todos estos cambios es simple pero contundente: si la forma de gestionar el Estado se transformó profundamente en las últimas décadas, era inevitable que también cambiara la manera de controlarlo.
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