|
 |
| viernes, 25 de septiembre de 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Bullrich frenó el jury contra las juezas
La senadora oficialista se distanció del Gobierno y de Jorge Macri al rechazar el juicio político contra las magistradas que cuestionaron el régimen penal juvenil.
Patricia Bullrich tomó distancia del Gobierno nacional y del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri al negarse a impulsar un juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis, quienes habían frenado la aplicación del nuevo régimen penal juvenil que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza defendió un principio que considera irrenunciable: las sentencias deben ser cuestionadas a través de las instancias judiciales superiores y no mediante mecanismos políticos de destitución. Con esa postura, Bullrich volvió a mostrarse en una posición divergente respecto de la línea oficial del espacio que integra, algo que ya había ocurrido cuando cuestionó los recortes en el área de Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto.
La senadora expuso sus argumentos durante un congreso anticorrupción celebrado en la sede del Automóvil Club Argentino, organizado por la asociación civil Río Paraná. En su disertación, que se extendió por casi una hora, planteó que la política no debe convertirse en una herramienta de persecución contra los magistrados por sus fallos.
Sin embargo, Bullrich fue clara respecto a su posición de fondo: afirmó estar totalmente en desacuerdo con las decisiones de ambas juezas al bloquear la implementación de la norma, lo que generó aplausos entre los presentes. Pero de inmediato advirtió que lo que diría a continuación podría no ser tan bien recibido, y ante un silencio generalizado que denotaba sorpresa, sostuvo con firmeza que no impulsaría un juicio político contra ellas.
Para fundamentar su postura, recordó lo ocurrido con la jueza Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. Esa magistrada había ordenado una suspensión provisoria de 60 días en la aplicación de la ley en territorio bonaerense, a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad. Pascual no anuló la ley, sino que planteó la necesidad de verificar si el Estado había generado las condiciones materiales, institucionales y profesionales requeridas por los estándares constitucionales y convencionales antes de ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal. La Cámara terminó revocando esa medida.
Bullrich señaló que ese antecedente debía guiar la respuesta ante el fallo de De Marinis: corresponde aguardar a que la Cámara de Casación intervenga y resuelva, tal como ocurrió en el caso bonaerense. "Es una jueza que tiene que cumplir con la ley", afirmó sobre De Marinis, pero insistió en que el camino correcto es el de la apelación judicial y no el del jury político.
La reforma cuestionada por ambas magistradas fue aprobada por el Congreso e incluye a adolescentes de entre 14 y 18 años, al tiempo que invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus normativas procesales y administrativas para acompañar su implementación.
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|