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| jueves, 17 de septiembre de 2026 |
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Frenan el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas
Una jueza de Río Grande suspendió las obras de Rockhopper y Navitas hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental ante organismos argentinos.
La Justicia Federal de Río Grande dio un golpe contundente al proyecto petrolero Sea Lion, que opera al norte de las Islas Malvinas. La jueza federal Mariel Borruto dictó una medida cautelar que obliga a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited a detener cualquier obra vinculada al emprendimiento. La orden abarca perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial de hidrocarburos.
La medida fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. Según la resolución judicial, las compañías deberán paralizar toda actividad material relacionada con Sea Lion hasta que se complete el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, salvo que el propio juzgado disponga algo distinto.
La prohibición es amplia y detallada. Incluye la perforación del lecho y subsuelo marino, la instalación permanente de infraestructura submarina, el tendido de conductos, líneas de flujo y sistemas de control. También alcanza la puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, el inicio de la extracción comercial y las obras terrestres o portuarias de apoyo al proyecto. En este último rubro se cuentan ampliaciones portuarias, bases logísticas, plantas para preparar lodos de perforación y cemento, depósitos de productos químicos, infraestructura habitacional e instalaciones de apoyo aeronáutico.
Para justificar el peligro en la demora, Borruto fue contundente: sostuvo que el riesgo no es hipotético ni remoto. La magistrada analizó documentación que indica que Sea Lion ya superó la etapa de proyecto y entró en ejecución efectiva. Entre los elementos que tuvo en cuenta figuran la Decisión Final de Inversión adoptada en diciembre de 2025, el anuncio de una expansión hacia un pozo adyacente y la contratación de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, junto con el equipo de perforación y sus servicios asociados. La propia documentación de Rockhopper citada en la demanda indicaba que las obras de adaptación de esa infraestructura ya habían comenzado.
La jueza advirtió que esperar a que esas intervenciones concluyan para recién entonces determinar si debían someterse a una evaluación ambiental previa podría volver inútil la protección judicial solicitada.
En simultáneo, en el fuero penal porteño avanza una causa separada contra Desire Petroleum Limited. El Juzgado Federal N° 11 tuvo por impulsada esa investigación a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, y ordenó medidas para recabar información sobre esa firma y sobre el grupo Rockhopper. El expediente se originó en una denuncia presentada por la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con la asistencia de la Procuración del Tesoro, conducida por Sebastián Amerio.
Ambos procesos son distintos en su naturaleza. El de Río Grande tiene un carácter civil y ambiental preventivo, mientras que la investigación penal busca establecer si hubo exploración o explotación de hidrocarburos en áreas próximas a Malvinas sin autorización del Estado argentino. Por vías diferentes, las dos causas convergen sobre las empresas que operan los proyectos petroleros en torno a las islas.
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