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| jueves, 17 de septiembre de 2026 |
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Discapacidad: el Presupuesto 2027 dinamitó el diálogo
El capítulo 6 del proyecto fiscal enviado por el Ejecutivo desmantela la emergencia en discapacidad y generó una crisis en Diputados.
La llegada del proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso sacudió de lleno el trabajo que venían realizando diputadas del bloque oficialista en materia de discapacidad y rompió el clima de negociación que existía hasta entonces con la oposición. Todo ocurrió durante un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja, convocado precisamente para analizar la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad.
El debate cambió de eje apenas se conoció que el proyecto fiscal incluye un capítulo sexto que elimina los puntos centrales del sistema de protección vigente para las personas con discapacidad. La oposición exigió de inmediato que ese apartado fuera retirado del texto. El diputado Juan Marino encabezó ese reclamo y advirtió que la propuesta del Ejecutivo apunta a desmantelar el esquema de derechos construido hasta ahora. Según Marino, el envío del presupuesto echó por tierra la posibilidad de alcanzar un dictamen por unanimidad que parecía al alcance de la mano.
Lo que más llamó la atención fue que el contenido del capítulo cuestionado también tomó por sorpresa a los propios legisladores del oficialismo. Las diputadas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado venían avanzando en un proyecto alternativo que, según sostenían, mejoraba el sistema actual. La irrupción del texto enviado desde el Poder Ejecutivo dejó ese trabajo en un limbo. "Hoy nos levantamos y estaba todo incendiado", graficó un legislador libertario que seguía de cerca esas negociaciones.
Giudici tomó la palabra durante el plenario y, visiblemente incómoda, reafirmó su voluntad de sostener un dictamen superador que abandone la figura de emergencia. Sin embargo, su postura choca de frente con lo que plantea el presidente Javier Milei en el proyecto fiscal. La diputada intentó tender un puente argumentando que el Congreso tiene tiempo suficiente para debatir el Presupuesto por separado y en mejores condiciones.
A lo largo de la reunión desfilaron más de veinte representantes de organizaciones vinculadas al sector. Todos coincidieron en señalar que el Estado incumple con los pagos a prestadores, dilata los trámites administrativos y ahora, encima, pretende modificar las reglas de juego por vía presupuestaria. "No tiene sentido que la ley de Presupuesto venga a borrar la ley que hoy estamos discutiendo", repitieron varios de los expositores.
Uno de los testimonios más contundentes fue el del sacerdote Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Molero fue categórico: afirmó que el Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones, que pagar a sesenta o noventa días equivale a robarle el dinero a la gente, y que lo propuesto en el presupuesto empuja a la población con discapacidad hacia la mendicidad.
Desde el entorno del presidente de la Cámara, Martín Menem, aclararon que lo enviado por el Ejecutivo representa una posición de máxima y que hay disposición para negociar con los aliados parlamentarios. La advertencia de fondo es clara: no quieren repetir lo que ocurrió en el debate presupuestario de 2025, cuando un capítulo completo fue rechazado en el recinto.
En términos técnicos, la reforma propuesta en los artículos 36 y 40 del proyecto retoma un criterio de invalidez laboral para definir la discapacidad, abandonando el modelo social de derechos humanos que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata de un cambio de paradigma que la mayoría de los especialistas en la materia considera un retroceso significativo.
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