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| miércoles, 16 de septiembre de 2026 |
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Urribarri enfrenta dos nuevos juicios por corrupción
El ex gobernador entrerriano, ya preso por condena firme, irá a juicio por negociaciones ilegales y enriquecimiento ilícito millonario.
Sergio Urribarri, el ex gobernador de Entre Ríos que la semana pasada ingresó a la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú para cumplir una condena firme de ocho años por delitos contra la administración pública, deberá afrontar en los próximos meses otros dos procesos judiciales vinculados a hechos de corrupción cometidos durante su gestión. Una curiosidad del destino: ese establecimiento carcelario fue construido durante su primer mandato, entre 2007 y 2011, y refaccionado hacia el final del segundo, en 2015.
Una de las causas pendientes involucra presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. El expediente ya fue elevado a juicio y aguarda la fijación de una fecha de audiencia. En el centro de la investigación está la relación entre el gobierno provincial que encabezó Urribarri y la empresa Relevamientos Catastrales, un vínculo que se habría sostenido durante años bajo distintas formas contractuales: licitaciones de software, addendas, prórrogas y contrataciones directas.
Según la pesquisa judicial, en todas esas modalidades se habrían pagado sobreprecios y eludido controles administrativos, con el doble objetivo de beneficiar a la firma privada y generar un perjuicio económico al Estado entrerriano. Además, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano sostienen que Urribarri y otros implicados habrían recibido pagos directos de parte de esa empresa. Para este juicio, la acusación pedirá una pena de diez años de prisión.
El camino hacia ese debate oral quedó despejado luego de que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia provincial rechazara la impugnación extraordinaria federal que había promovido la defensa del ex mandatario. Los abogados buscaban que la Corte Suprema se pronunciara sobre aspectos formales del proceso investigativo, pero ese intento fracasó.
El segundo proceso en ciernes tiene como eje el enriquecimiento ilícito. La denuncia fue presentada en diciembre de 2015, apenas semanas después de que Urribarri abandonara la gobernación para asumir como presidente de la Cámara de Diputados provincial. La impulsaron dos abogados de extracción radical, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, tomando como base una investigación periodística preexistente.
El núcleo de la acusación es que el patrimonio de Urribarri creció durante sus años al frente del Ejecutivo provincial de manera muy superior a lo que sus ingresos declarados pueden justificar. Las estimaciones de la Fiscalía indican que el enriquecimiento injustificado rondaría los siete millones de dólares.
El expediente tuvo una trayectoria accidentada a lo largo de la última década. La instrucción se cerró en 2025 y en marzo de este año comenzaron las audiencias previas al juicio. Sin embargo, cuestionamientos formales planteados por la defensa generaron demoras, por lo que el proceso se retomará recién a mediados de octubre. Una vez concluida esa etapa, la causa quedará en condiciones de ser llevada ante un tribunal oral.
Además de estas dos causas, el nombre de Urribarri aparece en una tercera investigación relacionada con un presunto esquema de desvío de fondos públicos a través de contrataciones irregulares de personal temporario en la Legislatura entrerriana. El mecanismo habría sido similar al que se utilizó en la provincia de Buenos Aires en el caso conocido como 'Chocolate' Rigau: un grupo de personas percibía los sueldos, luego derivaba ese dinero a un estudio contable que lo administraba, y los supuestos empleados solo conservaban una porción mínima, mientras el grueso de los fondos habría tenido como destino final el financiamiento político.
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