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| martes, 15 de septiembre de 2026 |
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Malvinas: la vía militar es un callejón sin salida
El exfiscal de la Corte Penal Internacional advirtió que Argentina no puede recuperar las islas por la fuerza y propuso replantear la estrategia de soberanía.
La cuestión Malvinas recuperó protagonismo en el debate sobre defensa y seguridad nacional. A más de cuatro décadas del conflicto bélico de 1982, la conclusión sigue siendo la misma para muchos especialistas: Argentina no cuenta con ninguna alternativa militar realista para recuperar el archipiélago que actualmente administra el Reino Unido.
Desde esa premisa, el jurista Luis Moreno Ocampo, quien se desempeñó como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y participó en procesos vinculados al conflicto del Atlántico Sur, reclamó una revisión profunda de la estrategia argentina. En declaraciones públicas, sostuvo que la conducción militar de entonces cometió un error de cálculo grave al no prever la reacción de Gran Bretaña ni el posicionamiento de Estados Unidos. Su diagnóstico fue contundente: el país entró en guerra sin un plan sólido.
El trasfondo histórico es conocido. En abril de 1982, la dictadura militar argentina tomó el control del archipiélago. La respuesta del gobierno británico fue una operación militar de gran escala que culminó con la rendición argentina el 14 de junio de ese mismo año. Desde entonces, el reclamo de soberanía se sostiene por canales diplomáticos, mientras Londres rechaza sistemáticamente cualquier negociación sobre la transferencia del territorio.
Moreno Ocampo recordó que en mayo de 1982, en pleno conflicto, Gran Bretaña llegó a aceptar una propuesta para congelar la situación durante doce meses y colocar las islas bajo administración de las Naciones Unidas. A su juicio, esa salida negociada habría evitado la derrota militar. Argentina, señaló, tenía opciones mucho mejores que las que eligió.
Sobre un eventual esfuerzo armamentístico orientado a Malvinas, fue categórico: aunque el país invirtiera miles de millones de dólares en capacidades militares orientadas a ese objetivo, el resultado no cambiaría. La ecuación estratégica, a su entender, sigue siendo desfavorable.
El exfiscal fue más allá y planteó que el debate sobre defensa debe ordenarse según las prioridades reales del país. En ese esquema, la seguridad interna debería ocupar el primer lugar de la agenda, tanto en Argentina como en el resto de América Latina, por encima de la disputa por las islas, a la que ubicó en un segundo o incluso tercer plano.
Cuando habló de seguridad interna, apuntó directamente al avance del crimen organizado: redes estables y coordinadas dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros delitos. Para enfrentar ese fenómeno con eficacia, consideró imprescindible contar con un sistema judicial independiente y con capacidad real de hacer cumplir sus resoluciones, incluso más allá de las fronteras nacionales.
Explicó que una condena dictada en Argentina puede requerir reconocimiento internacional si se busca recuperar dinero o bienes ubicados en el exterior. Por eso, fortalecer la Justicia no es solo una cuestión institucional sino una condición práctica para que las sanciones tengan efectos concretos.
Aplicó ese mismo razonamiento al caso de las empresas que extraen petróleo en las proximidades de las islas. Argentina puede sancionar normas o promover investigaciones, pero su alcance real depende de una Justicia capaz de actuar sobre compañías y fondos que operan fuera del territorio nacional. Aclaró, sin embargo, que no está al tanto del contenido específico de iniciativas recientes porque no trabaja actualmente en el país.
Sobre el vínculo entre la política y el Poder Judicial, rechazó cargarle todas las culpas a los jueces. El problema, dijo, radica en prácticas de protección política y en hechos de corrupción que erosionan la independencia de los tribunales.
Finalmente, advirtió que un incremento significativo del gasto militar podría desencadenar respuestas de países vecinos y generar una carrera armamentística en la región, algo que consideró incompatible con la realidad sudamericana. Argentina, subrayó, no tiene conflictos con Brasil ni con Chile, y un esquema de rearme orientado en esa dirección carece de justificación estratégica. También mencionó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible mediación entre Buenos Aires y Londres, y las vinculó con los intereses que Washington mantiene tanto con el Reino Unido como con la industria vinculada al sector.
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