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| domingo, 13 de septiembre de 2026 |
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Avanzan contra petroleras que operan en Malvinas
La Justicia federal de Tierra del Fuego tomó competencia en la causa contra las empresas del proyecto Sea Lion por daño ambiental y soberano.
La causa judicial contra las compañías extranjeras que pretenden extraer petróleo en las Islas Malvinas tomó un nuevo impulso en el fuero federal argentino. La jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, aceptó intervenir en la acción preventiva iniciada contra las dos petroleras que integran el proyecto Sea Lion: la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas empresas planean perforar y extraer hidrocarburos de la Cuenca Norte de Malvinas, un área que Argentina considera parte de su plataforma continental.
La presentación judicial fue impulsada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. Las organizaciones solicitaron la detención inmediata de todas las actividades vinculadas al emprendimiento y argumentaron que las firmas avanzaron en etapas logísticas y de construcción amparadas únicamente en licencias otorgadas de manera unilateral por el Reino Unido, sin ningún tipo de intervención ni autorización por parte del Estado argentino.
Entre los puntos centrales del reclamo, destacaron que el proyecto no cuenta con una evaluación de impacto ambiental aprobada por organismos nacionales ni con el certificado de aptitud ambiental que exige la legislación argentina en materia de medio ambiente. Esta situación, sostienen, representa una violación directa a la soberanía del país sobre sus recursos naturales.
Al asumir la competencia, Borruto también dispuso la incorporación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur al proceso judicial, al entender que el área en cuestión cae dentro de su jurisdicción y que el Estado provincial tiene atribuciones legítimas sobre los recursos naturales y la regulación ambiental de esa zona. En ese marco, la Fiscalía de Estado fueguina contará con diez días para ejercer su representación en defensa del patrimonio y el ambiente provinciales.
Paralelamente, la magistrada intimó a las organizaciones demandantes a informar, en un plazo de cinco días, si existen procesos similares abiertos en otros tribunales del país. También les requirió que presenten en formato digital la documentación necesaria para evaluar las medidas cautelares pedidas y que traduzcan al castellano todos los escritos redactados en idiomas extranjeros.
La resolución judicial coincide con el análisis del Ministerio Público Fiscal, que concluyó que el eventual impacto ambiental del proyecto trasciende cualquier jurisdicción local, dado el vínculo oceanográfico entre las aguas del Atlántico Sur y las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur. Según ese planteo, las instalaciones previstas —que incluyen pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de ductos y conductos verticales— se ubicarían directamente sobre el lecho y subsuelo de la plataforma continental bajo soberanía argentina.
La fiscalía subrayó además que los organismos argentinos no tuvieron acceso a la información técnica del proyecto, no pudieron requerir estudios independientes ni garantizar instancias de participación ciudadana, y tampoco tuvieron la posibilidad de aprobar o rechazar la iniciativa. El argumento central del planteo se apoya en el principio preventivo del derecho ambiental, aplicable cuando los daños potenciales podrían ser irreversibles o de muy difícil reparación.
La decisión de la Justicia federal se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional también anunció sanciones contra las empresas extranjeras que exploten el petróleo de Malvinas y afecten la soberanía argentina sobre el archipiélago.
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