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| domingo, 13 de septiembre de 2026 |
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Justicia federal avanza contra petroleras en Malvinas
Un tribunal fueguino asumió competencia en la causa contra dos empresas que planean extraer petróleo en la plataforma continental argentina.
El Juzgado Federal de Tierra del Fuego tomó intervención en una causa por daño ambiental y soberano contra dos compañías extranjeras que proyectan explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas. La decisión se da en un contexto en el que el gobierno nacional ya había anticipado sanciones contra quienes vulneren la soberanía argentina sobre el archipiélago.
La jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para entender en la acción presentada contra las empresas que integran el proyecto Sea Lion: la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas compañías tienen previsto perforar y extraer crudo de la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, sobre la plataforma continental argentina.
La denuncia fue impulsada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que reclamaron el cese inmediato de todas las actividades vinculadas al emprendimiento. Las organizaciones argumentaron que las firmas avanzaron en etapas logísticas y constructivas amparadas exclusivamente en licencias emitidas de forma unilateral por el Reino Unido, sin haber realizado ninguna evaluación de impacto ambiental ante organismos argentinos ni obtenido el certificado de aptitud ambiental que exige la normativa nacional vigente.
Además de aceptar su competencia en el caso, la magistrada ordenó incorporar a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur al proceso judicial. Borruto entendió que el área donde se desarrollaría el proyecto cae dentro de la jurisdicción provincial, lo que otorga al Estado fueguino atribuciones directas sobre los recursos naturales y la regulación ambiental de la zona. En ese marco, la Fiscalía de Estado provincial contará con diez días para asumir su representación en defensa del patrimonio y el medioambiente locales.
Paralelamente, la jueza intimó a las organizaciones denunciantes a informar, en un plazo de cinco días, si existen otros procesos judiciales con el mismo objeto en tribunales distintos. También les exigió traducir los documentos redactados en idiomas extranjeros y presentar en formato digital la documentación necesaria para evaluar las medidas cautelares solicitadas.
La resolución coincide con el criterio expresado por la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport con la intervención de la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el eventual impacto ambiental del proyecto trasciende cualquier jurisdicción local, dado que las aguas del Atlántico Sur están oceanográficamente conectadas con el Mar Argentino y las ecorregiones de las Islas del Atlántico Sur.
El proyecto Sea Lion contempla la instalación de pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, junto con ductos y conductos verticales. Para la jueza Borruto, esas estructuras estarían emplazadas sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental bajo jurisdicción marítima nacional.
Desde la Fiscalía se subrayó que las autoridades argentinas no tuvieron acceso ni control sobre la información técnica del emprendimiento, no pudieron solicitar estudios independientes ni garantizar instancias de participación ciudadana. El planteo se apoya en el principio preventivo del derecho ambiental, orientado a evitar daños que podrían resultar irreversibles o de muy difícil reparación.
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