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| sábado, 12 de septiembre de 2026 |
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Kicillof, acorralado por la inseguridad en el conurbano
La oposición pidió interpelar al ministro de Seguridad bonaerense tras una serie de crímenes que sacudieron el conurbano y la suspensión del Régimen Penal Juvenil.
La acumulación de episodios violentos en el conurbano bonaerense y la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil pusieron al gobernador Axel Kicillof en una posición políticamente incómoda. La semana cerró con un nuevo capítulo de tensión: La Libertad Avanza presentó en ambas cámaras de la Legislatura provincial un pedido formal para que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, concurra a dar explicaciones ante los legisladores.
La iniciativa impulsada por el espacio libertario busca que el funcionario detalle de qué manera se organiza el despliegue policial en territorio bonaerense, qué estrategias de prevención se aplican y qué recursos se destinan a combatir el delito. El titular del partido en la provincia, Sebastián Pareja, fue contundente al señalar que la gestión provincial carece de transparencia en materia de seguridad. Según sostuvo, no existen estadísticas públicas sobre el personal policial, no hay información sobre las rutas de patrullaje y tampoco un mapa del delito actualizado y accesible para la ciudadanía.
Pareja también cuestionó lo que describió como una mirada excesivamente garantista en el abordaje de la seguridad, y relacionó ese enfoque con los robos violentos y homicidios registrados en distintos municipios del conurbano en los últimos días. Desde el Senado provincial, el jefe del bloque libertario, Carlos Curestis, insistió en que los vecinos necesitan respuestas concretas y no declaraciones. Por su parte, el presidente de la bancada de diputados del mismo espacio, Juanes Osaba, reclamó que Kicillof adopte un papel más activo frente a la situación que atraviesa la provincia.
El caso que concentró mayor indignación fue el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 23 años que el lunes por la noche regresaba del gimnasio en José C. Paz cuando fue interceptado por dos delincuentes en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu. Los atacantes le dispararon por la espalda, le robaron la moto y escaparon. Trasladado de urgencia al Hospital Mercante, el joven no sobrevivió a las heridas. Al cierre de la información, los sospechosos continuaban prófugos y los investigadores analizaban imágenes captadas por cámaras de vecinos para reconstruir la fuga.
El crimen desató una reacción inmediata en el distrito. Amigos y vecinos de Ojeda Vázquez salieron a marchar por el centro de José C. Paz y se concentraron frente al municipio para exigir justicia y medidas concretas de prevención. La protesta incluyó la quema de neumáticos y carteles con la foto de la víctima. En ese contexto, la intendenta interina Lorena Espina emitió un comunicado junto al director general de Seguridad local, Miguel Narváez, en el que exigieron al gobernador que refuerce la presencia policial en el distrito y en toda la provincia. El texto reclamó acciones inmediatas y afirmó que el Ejecutivo provincial debe asumir la responsabilidad plena por la seguridad de los bonaerenses.
El peso político del reclamo resultó llamativo porque provino de un distrito históricamente vinculado al peronismo. El intendente con licencia, Mario Ishii, ocupa actualmente una banca en el Senado provincial y desde allí mantiene una postura crítica tanto hacia el Ejecutivo de Kicillof como hacia la vicegobernadora Verónica Magario. Ishii, además, ejerce la vicepresidencia de la Cámara Alta, lo que le otorga la facultad de convocar a sesionar cuando Magario no está a cargo del cuerpo. La confluencia de críticas desde dentro y fuera del peronismo dejó al gobierno provincial ante uno de sus momentos de mayor presión política en lo que va de la gestión.
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