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| sábado, 12 de septiembre de 2026 |
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ONG piden frenar empresas manejadas por IA
Más de treinta organizaciones exigen al Senado eliminar del proyecto societario los artículos que permitirían compañías operadas por algoritmos sin control humano real.
Un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil argentina elevó un documento formal al Senado para reclamar que se eliminen del proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades las disposiciones que habilitarían la creación de empresas gestionadas por sistemas de inteligencia artificial. La carta fue dirigida específicamente a la senadora Patricia Bullrich, quien encabeza el proceso legislativo, y lleva el respaldo de más de treinta entidades distribuidas en distintas provincias del país.
El núcleo del reclamo apunta a dos fragmentos del texto en discusión: el artículo 14, que define la figura de la Sociedad Automatizada, y la Sección V que abarca los artículos 258 a 265, dedicados a las llamadas Sociedades Autónomas Descentralizadas, conocidas internacionalmente como DAO. Según las organizaciones firmantes, ambas figuras permitirían que algoritmos tomen decisiones empresariales con apenas un apoderado nominal como fachada legal, sin que exista supervisión humana documentada ni mecanismos reales de rendición de cuentas.
Las objeciones no son nuevas. Desde la primera reunión de la comisión correspondiente, celebrada el 24 de junio, especialistas convocados por el propio Senado habían levantado señales de alarma. Expertos en derecho societario y en materia penal, entre ellos la jueza María Eugenia Boquín y el fiscal Jorge Flores, advirtieron que resulta jurídicamente inviable atribuir responsabilidad civil o penal a un sistema automatizado cuando no hay una persona humana identificable detrás de cada decisión relevante. En esa misma instancia se propusieron diecisiete condiciones mínimas para que una figura de este tipo pudiera funcionar dentro del ordenamiento legal argentino, pero el Ejecutivo las rechazó en su totalidad.
A esas voces se sumó la Unión Industrial Argentina, que también pidió retirar ambas figuras del proyecto, y el ex inspector general de Justicia Daniel Vítolo, quien solicitó su exclusión definitiva del texto.
El documento elaborado por las ONG recupera además declaraciones de quienes impulsaron la reforma. El ministro Federico Sturzenegger, principal promotor de la iniciativa, admitió ante los legisladores que se trata de un experimento sin antecedentes comparables en el derecho societario local. Por su parte, Emiliano Kargieman, uno de los defensores de las sociedades autónomas, reconoció ante la comisión que este tipo de entidades requieren una regulación más estricta que la de las corporaciones tradicionales, una postura que contradice directamente el espíritu de los artículos cuestionados.
Las organizaciones también incorporaron al debate advertencias provenientes del ámbito internacional. Un ex investigador con paso por OpenAI y Anthropic sostuvo en septiembre que ninguna de esas compañías está gestionando con responsabilidad el desarrollo de sistemas cada vez más autónomos. Además, un integrante de Anthropic afirmó públicamente que la probabilidad de que la inteligencia artificial provoque daños graves a la humanidad supera el diez por ciento en la próxima década.
Ante ese panorama, las entidades firmantes formularon tres pedidos concretos a la senadora Bullrich: convocar a una audiencia pública antes de que se firme el dictamen de comisión, eliminar los artículos objetados del proyecto y reformular el artículo 102 para exigir documentación y autorización humana previa a cualquier acción societaria de relevancia ejecutada mediante inteligencia artificial.
Las organizaciones también plantearon que, si en el futuro se decide regular empresas operadas por IA, ese debate debe darse en un marco normativo específico que contemple esquemas de gobernanza, auditorías obligatorias y coberturas ante eventuales daños, y no mediante artículos intercalados en una reforma mercantil de alcance general.
Entre las entidades que respaldan el documento figuran la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Coalición por la Patagonia, entre muchas otras.
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