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| sábado, 12 de septiembre de 2026 |
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ADEPA eligió nueva conducción en Tucumán
Daniel Dessein presidirá la entidad hasta 2027 y el informe semestral alertó sobre el deterioro de la libertad de prensa.
En su 64ª Asamblea Anual, celebrada el 11 de septiembre en San Miguel de Tucumán, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas renovó las autoridades que guiarán la organización durante el período 2026-2027. Daniel Dessein, referente de La Gaceta tucumana, fue elegido como nuevo presidente y también estuvo a cargo de la presentación del informe semestral sobre el estado de la libertad de prensa en el país.
La nueva estructura de conducción quedó integrada por Cecilia Gargatagli, del diario Mirador Provincial de Santa Fe, como primera vicepresidenta, y Luis H. Tarsitano, de El Tribuno de Salta, como vicepresidente segundo. Pablo Deluca asumió la secretaría general, Tomás Vio la de organización y Agustino Fontevecchia, de Perfil, quedó al frente de las Relaciones Institucionales. Miguel Gaíta, de La Palabra de Berazategui, ocupará la secretaría de Actas. La tesorería recayó en Juan Carlos Fernández Llano, de El Libertador de Corrientes, con Marcelo Almada, de Misiones Online, como protesorero.
Entre los vocales titulares se cuentan Francisco Muñoz, Ramona Maciel, Ricardo Terán, Carlos Marino, Valeria Zitelli y Juan A. Boglione, representantes de publicaciones de Santa Cruz, Tres Arroyos, Rosario, Buenos Aires, Catamarca y La Rioja respectivamente. Martín Etchevers quedó al frente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, mientras que José Santa María presidirá la Comisión de Asuntos Económicos. Andrés D'Alessandro continuará como director ejecutivo y Gabriel Matijas como gerente general.
Más allá de la renovación de cargos, el informe semestral ocupó un lugar central en la jornada. El documento expresó preocupación por el deterioro del clima de debate público durante los últimos meses, caracterizado por una escalada de agresiones verbales desde posiciones de poder institucional. La entidad reconoció el derecho de cualquier funcionario a rebatir una información, desmentirla o acudir a la Justicia, pero advirtió sobre la diferencia entre ejercer ese derecho y promover legislación orientada a castigar la labor periodística.
En ese contexto, el informe destacó declaraciones del ministro de Economía del 25 de agosto, quien ante una publicación que consideró falsa afirmó que la Justicia debería intervenir y que era necesario sancionar una ley que penalice ese tipo de conductas. Esa postura recibió el respaldo público del presidente Javier Milei. Para la entidad, una normativa de ese tipo podría desalentar la investigación periodística y la difusión de temas de interés colectivo.
Los datos relevados para una sola semana de agosto, entre el 17 y el 23, resultan elocuentes: la cuenta oficial del Presidente republicó 335 mensajes contra la prensa, realizó 26 publicaciones propias en esa línea y formuló 21 referencias despectivas en intervenciones públicas. En ese lapso fueron señalados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas del sector. El informe subrayó que cuando las agresiones parten de la máxima autoridad del Estado y se repiten de manera sistemática, la disparidad de poder entre quien ataca y quien es atacado convierte el episodio en un problema que va mucho más allá de una simple disputa personal.
El documento también abordó las restricciones al acceso periodístico a fuentes oficiales. La organización retomó inquietudes expresadas en abril respecto de las limitaciones impuestas a periodistas acreditados para ingresar a la Casa Rosada, una situación que se extendió también a la Cámara de Diputados y al Ministerio de Economía. Semanas después, la entidad manifestó su máxima preocupación ante la decisión de restringir de forma general el ingreso a la Casa de Gobierno. Además, cuestionó una resolución del Ministerio Público de San Juan que concentraba todas las consultas periodísticas en una única autoridad, mecanismo que, según el informe, puede derivar en un control monopólico de la información oficial.
En el plano judicial, el documento también registró decisiones que preservaron garantías de libertad de expresión. La Cámara de Apelación de San Isidro revocó prohibiciones de contacto y difusión que habían sido impuestas a periodistas en el marco de una causa vinculada a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
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