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| sábado, 12 de septiembre de 2026 |
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Kicillof, acorralado por la inseguridad en el conurbano
La oposición pidió interpelar al ministro de Seguridad bonaerense y el crimen de un joven en José C. Paz encendió la mecha política.
La acumulación de episodios violentos en el conurbano bonaerense y la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil colocaron al gobernador Axel Kicillof en una posición cada vez más comprometida. La Libertad Avanza presentó en ambas cámaras de la Legislatura provincial un pedido formal para que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, concurra a dar explicaciones ante los legisladores.
El proyecto impulsado por el partido oficialista a nivel nacional apunta a que Alonso detalle cómo se organiza el despliegue policial en el territorio bonaerense, cuáles son las estrategias de prevención del delito y qué recursos se destinan a combatirlo. El presidente del espacio libertario en la provincia cuestionó la ausencia de información pública sobre la materia. Señaló que no existen estadísticas actualizadas sobre el personal policial, que no se conocen las rutas de patrullaje y que tampoco hay un mapa del delito accesible para la ciudadanía. Consideró que esa opacidad es inaceptable y exigió que el funcionario rinda cuentas ante la Legislatura.
Desde el bloque libertario también se apuntó contra lo que describieron como una concepción garantista de la seguridad, a la que responsabilizaron por el clima de violencia que se registra en distintos municipios del Gran Buenos Aires. El jefe del bloque en el Senado provincial reclamó respuestas concretas para los vecinos, mientras que el titular de la bancada en Diputados instó al gobernador a asumir un rol más activo frente a la situación.
El detonante más reciente de esta escalada política fue el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez, un joven de 23 años que fue atacado en José C. Paz mientras regresaba de un gimnasio un lunes a la noche. Dos delincuentes lo interceptaron en la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, le dispararon por la espalda para robarle la moto y escaparon. Ojeda Vázquez fue trasladado al Hospital Mercante, donde murió a causa de las heridas. Al momento de la cobertura del hecho, los atacantes permanecían prófugos y los investigadores analizaban imágenes aportadas por vecinos del barrio para reconstruir la fuga.
El crimen generó una fuerte reacción en la comunidad local. Amigos y vecinos de la víctima marcharon por el centro de José C. Paz y se concentraron frente al municipio para exigir justicia y reclamar más medidas de prevención. La protesta incluyó la quema de neumáticos y carteles con la imagen del joven asesinado.
En ese contexto, la intendenta interina del distrito, Lorena Espina, salió a criticar públicamente a Kicillof. La comuna difundió un comunicado firmado por Espina y por el director general de Seguridad local, Miguel Narváez, en el que exigieron al gobernador que refuerce la presencia policial en José C. Paz y en toda la provincia. El texto reclamó acciones inmediatas y sostuvo que el Ejecutivo provincial debe asumir la responsabilidad plena por la seguridad de los bonaerenses.
El planteo adquirió un peso político particular porque surgió de un municipio históricamente alineado con el peronismo. El intendente titular, Mario Ishii, se encuentra en uso de licencia porque ocupa una banca en el Senado provincial, desde donde también confronta con el Ejecutivo bonaerense y con la vicegobernadora Verónica Magario. Ishii es además vicepresidente de la Cámara Alta, lo que le otorga la facultad de convocar a sesionar cuando Magario no preside el cuerpo, un dato que no es menor en el actual mapa de tensiones dentro del peronismo bonaerense.
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