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| viernes, 11 de septiembre de 2026 |
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Malvinas: nueva área en Cancillería para la soberanía
El Ejecutivo creará un organismo de coordinación diplomática en el ministerio que conduce Quirno para unificar el reclamo sobre el archipiélago.
El Gobierno nacional avanza en su estrategia para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas con una nueva medida institucional: la creación de un organismo especializado dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El nuevo ente se denominará Sistema de Articulación de la Política Exterior y funcionará en el ámbito de la Cancillería. Su propósito central será establecer mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para garantizar que ninguna actividad del Estado nacional pueda afectar la política exterior o los intereses internacionales del país. En particular, el esquema apunta a que todo lo vinculado a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos e insulares correspondientes, responda a criterios coherentes y uniformes.
Según el comunicado oficial, la recuperación de la soberanía sobre el Atlántico Sur requiere una acción estatal que integre simultáneamente las dimensiones diplomática, jurídica y política. El nuevo sistema también facultará a la Cancillería a intervenir cuando detecte que alguna actividad estatal pueda contradecir o debilitar la postura oficial, con el fin de fortalecer el reclamo argentino ante la comunidad internacional.
El canciller Pablo Quirno explicó que la estrategia del Gobierno combina sanciones, gestión diplomática y refuerzo de capacidades logísticas en un diseño articulado, donde cada medida se complementa con las demás. Además, confirmó que la Cancillería será la autoridad encargada de iniciar los expedientes sancionatorios previstos en la reglamentación de la ley 26.659, sancionada en 2011, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. La decisión responde a que el asunto es considerado principalmente de política exterior y excede el plano puramente energético. Hasta el momento, el ministerio ya denunció a 60 empresas en articulación con la Procuración del Tesoro.
Quirno subrayó que el objetivo inmediato es impedir la explotación hidrocarburífera en las Malvinas. También destacó que la Argentina dispone hoy de una herramienta de presión inédita: el atractivo de Vaca Muerta como destino de inversiones energéticas. Según su razonamiento, ese peso permite condicionar decisiones corporativas, ya que las empresas deben optar entre operar en el mercado argentino o mantener vínculos con licencias que el Gobierno considera ilegales en un territorio en disputa.
Esa presión sobre el sector privado se complementa con una iniciativa legislativa en marcha. El Ejecutivo trabaja en un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se encuentra en su etapa final de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy. El texto introduciría modificaciones a la ley 26.659 con sanciones más severas y un alcance más amplio de actividades comprendidas. Entre las opciones que se evalúan figura la incorporación del sector pesquero, una demanda impulsada por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, que sostiene que el mismo criterio aplicado a las petroleras debería extenderse a las licencias que el Reino Unido otorga desde hace décadas en aguas del Atlántico Sur.
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