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| jueves, 10 de septiembre de 2026 |
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PRO y LLA van por la jueza del Régimen Penal Juvenil
Ritondo confirmó que ambos partidos impulsan el juicio político contra la magistrada que suspendió la ley por 60 días en la provincia.
El PRO se sumó formalmente al pedido de destitución contra la jueza Marta Pascual, quien días atrás dictó una medida cautelar que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa ya había sido anunciada por La Libertad Avanza, y ahora el partido amarillo confirmó que acompañará el proceso en la Legislatura bonaerense.
El titular del PRO en territorio bonaerense, Cristian Ritondo, hizo el anuncio tras participar de un encuentro en la Casa Rosada con integrantes del gobierno nacional. En ese marco, también apuntó contra el gobernador provincial, al que acusó de estar más concentrado en la interna política que en dar respuestas concretas a los problemas de seguridad. Según Ritondo, la articulación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la provincia resulta fundamental frente al avance de la criminalidad.
Sobre el juicio político, el dirigente explicó que tanto su espacio como el libertario ya presentaron formalmente el pedido contra la magistrada. Subrayó que la ley en cuestión fue debatida durante más de ocho meses en el Congreso Nacional y que la provincia de Buenos Aires, precisamente el distrito donde mayor participación de menores en delitos se registra, no puede darse el lujo de no adecuarse a la normativa.
La resolución que desató la polémica fue firmada por Pascual desde su cargo como titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento. La jueza hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con el patrocinio de la doctora Patricia Liguori, en defensa de adolescentes privados de su libertad. En el fallo, Pascual planteó que el Estado no puede ampliar el universo de jóvenes sometidos al sistema penal sin garantizar previamente las condiciones materiales, institucionales y profesionales exigidas por los estándares constitucionales y convencionales vigentes. La misma resolución convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10 de la mañana, en la sala de juicios orales del tribunal, donde funcionarios del ejecutivo provincial deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles prevén para implementar la ley.
En caso de prosperar, el pedido de jury deberá ingresar por la Secretaría de Enjuiciamiento, organismo habilitado para recibir denuncias de ciudadanos e instituciones contra jueces y funcionarios del Ministerio Público. El presidente de La Libertad Avanza en la provincia y diputado nacional, Sebastián Pareja, fue más duro en sus declaraciones y calificó el fallo como una resolución profundamente antidemocrática. Sostuvo que la jueza responde a intereses políticos del establishment bonaerense y que su objetivo es bloquear la entrada en vigencia de una norma que ya superó el proceso legislativo.
La medida también generó rispideces dentro del propio Poder Judicial. El fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, advirtió que la cautelar de Pascual no tiene alcance general y anticipó que seguirá aplicando la legislación en su jurisdicción sin acatar ese fallo. Zárate argumentó que un juez puede declarar inconstitucional una norma en un expediente específico, pero no suspender su vigencia para toda la provincia. Para reforzar su postura, mencionó que la nueva ley ya tuvo efectos concretos: citó el caso de un condenado por el asesinato de Matías Urbani, ocurrido en Tiger en 2009, cuya situación fue revisada bajo el principio de ley penal más benigna. Según su criterio, si el régimen puede aplicarse para revisar condenas en favor de los acusados, no tiene sentido suspender su entrada en vigencia.
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