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| jueves, 10 de septiembre de 2026 |
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Galmarini: el Gobierno ignoró la deuda familiar
El legislador opositor advirtió que la morosidad afecta a bancos, fintechs y crédito informal, mientras el oficialismo tardó en reconocer el problema.
La Cámara de Diputados dio un paso concreto esta semana al forzar a las comisiones de Defensa del Consumidor y de Finanzas a trabajar sobre medio centenar de proyectos vinculados al endeudamiento de familias y empresas. El objetivo es consensuar una iniciativa única para llevar al recinto y otorgarle media sanción. El diputado nacional Sebastián Galmarini, integrante de Unión por la Patria, celebró el avance y criticó con dureza la postura que el Gobierno mantuvo hasta hace muy poco: negar que el problema existía.
Según el legislador, los datos son contundentes. La irregularidad crediticia de las familias dentro del sistema bancario ronda el 12%, mientras que en las empresas trepa al 3,5% y en el universo de las plataformas de préstamos digitales supera el 33%. Esas cifras, sostuvo, reflejan un deterioro real que no puede seguir ignorándose.
Galmarini describió el circuito que atraviesa una persona cuando queda excluida del crédito tradicional. Primero intenta con el banco, luego recurre a las fintechs, que utilizan criterios de evaluación distintos: en lugar de analizar ingresos formales o recibos de sueldo, miden el nivel de consumo del solicitante. Esto les permite prestarle a quienes ya fueron rechazados por el sistema bancario formal. Pero cuando ese camino también se cierra, la persona termina en el mercado informal, donde los intereses pueden llegar al 5.000% anual y la cobranza se ejerce con métodos violentos y amenazas directas.
Para el diputado, reducir el fenómeno del endeudamiento a decisiones de consumo caprichosas es un error. Señaló que el 73% de quienes tienen deudas las contrajeron para cubrir necesidades básicas como alimentos y servicios. Puso como ejemplo a trabajadores asalariados con ingresos promedio de un millón trescientos mil pesos que acumulan deudas de alrededor de quinientos mil pesos y no pueden honrarlas.
Otro punto crítico que marcó es el efecto en cadena que genera la irregularidad crediticia. Quedar en mora en una tarjeta de crédito arrastra automáticamente al resto de los productos financieros que la persona tenga activos. Y una vez que el nombre aparece en los registros de deudores, el acceso al sistema financiero queda prácticamente vedado de forma permanente.
Frente a ese panorama, Galmarini defendió la necesidad de crear incentivos para regularizar las deudas, sin que eso implique una condonación masiva. Mencionó mecanismos de refinanciación que permitan a los deudores ponerse al día en cuotas accesibles y, al mismo tiempo, propuso que los bancos utilicen parte de esos fondos para ofrecer líneas de crédito productivo y capital de trabajo.
El legislador también cuestionó los cambios recientes en la Carta Orgánica del Banco Central, a los que vinculó directamente con la discusión sobre el financiamiento popular. Consideró que esa reforma eliminó herramientas que podrían haber servido para atender el problema. Y marcó con ironía que, apenas dos semanas después de insistir en que no había problema, el propio Gobierno reconoció su existencia y se mostró dispuesto a abordarlo.
Para Galmarini, la solución no pasa por condonar deudas sino por generar las condiciones para que quienes deben puedan hacerlo. Las familias endeudadas, subrayó, no piden que les regalen nada: piden plazos y tasas que les permitan cumplir.
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