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| miércoles, 9 de septiembre de 2026 |
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Biocombustibles frenó la sesión en el Senado
La pelea entre provincias azucareras y zonas productoras de biodiésel fracturó bloques y obligó a suspender la sesión prevista para hoy.
El Senado volvió a tropezar con uno de sus errores más recurrentes: avanzar hacia una sesión sin tener los votos asegurados. La reunión de Labor Parlamentaria que estaba pautada para las 14 de hoy se cayó antes de comenzar, y el encuentro en el recinto quedó postergado, como mínimo, para la semana que viene. Detrás del fiasco se esconde una disputa que venía cocinándose desde hace meses en torno a un nuevo régimen de biocombustibles que, según sus críticos, favorece abiertamente a las provincias del norte productoras de bioetanol en detrimento de los distritos vinculados al biodiésel.
El día anterior, oficialismo libertario y oposición dialoguista habían llegado a un acuerdo informal para sesionar hoy con ese tema en el centro de la agenda, junto a una serie de pliegos judiciales que venían demorados y traspasos de competencias penales de la Nación hacia la Ciudad de Buenos Aires. Pero pasada la una de la tarde, las alarmas comenzaron a sonar y, en cuestión de minutos, los principales bloques dieron por terminada la convocatoria.
El proyecto en cuestión propone modificaciones sustanciales en los porcentajes de corte obligatorio de combustibles con componentes biológicos. Para el bioetanol, el corte pasaría del 12% actual al 15% una vez promulgada la ley. Ese porcentaje se distribuiría en un 6% para el producto elaborado con caña de azúcar, otro 6% para el derivado del maíz y un 3% restante sujeto a libre competencia. En el caso del biodiésel, el corte se mantendría en el 7,5% durante el primer año para luego trepar al 10%, con una distinción entre empresas integradas —que participan de toda la cadena productiva— y las no integradas, categoría que agrupa principalmente a pequeñas y medianas empresas regionales.
El nudo del conflicto está en el trato diferenciado según el tipo de biocombustible. El régimen para el bioetanol se extendería por 30 años, mientras que el del biodiésel sería más acotado y con condiciones más complejas. Para las empresas no integradas solo se logró estirar el esquema hasta 2036. Eso encendió los ánimos de varios senadores que, en la instancia de votación en particular de la iniciativa, estaban dispuestos a exigir que el 3% de libre competencia rigiera durante toda la vigencia de la ley y no solo en una etapa de transición.
El problema concreto es que, con el cronograma actual, las pymes no integradas irían perdiendo cupo progresivamente en favor del mercado libre, mientras el bioetanol conservaría su protección completa. Esa asimetría generó un malestar que atravesó bloques de manera transversal, con legisladores de distintas bancadas enfrentados entre sí según los intereses de sus provincias. Desde el entorno de La Libertad Avanza se había reconocido en privado que, si bien el Gobierno no tenía intención de renegociar lo acordado en el dictamen, no descartaba encontrar resistencia en el sector del biodiésel. Esa advertencia resultó ser un anticipo preciso de lo que terminó ocurriendo.
Con la sesión descartada por ahora, la actividad del Senado se concentrará en dos plenarios de comisiones. En el primero, Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economías Regionales buscarán avanzar en un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes impulsado por legisladores radicales, orientado a proyectos desde los 12 millones de dólares para grandes empresas, con beneficios en la amortización del impuesto a las Ganancias aplicables a bienes muebles amortizables en dos cuotas anuales iguales y consecutivas.
Desde las 17.30, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales junto a Presupuesto y Hacienda debatirán una ampliación del régimen de Inocencia Fiscal vigente. La iniciativa busca eliminar los topes de ingresos de mil millones de pesos y de patrimonio de diez mil millones que hasta ahora restringían el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. De aprobarse, cualquier contribuyente con residencia fiscal en el país podría adherirse al esquema, que reemplazaría la declaración jurada tradicional por un mecanismo más sencillo.
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