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| miércoles, 9 de septiembre de 2026 |
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Santoro quiere regular las agencias de cobranza
El legislador porteño presentó un proyecto con más de 50 artículos para frenar abusos en el cobro extrajudicial de deudas.
Hay una parte del ciclo del endeudamiento que raramente aparece en los debates económicos: lo que ocurre cuando una persona deja de pagar y empieza a recibir presiones para saldar su deuda. Ese fenómeno cobró visibilidad en la Legislatura porteña luego de que un grupo de deudores expusiera situaciones de hostigamiento y cuestionara las prácticas de algunas empresas dedicadas a recuperar dinero.
Sobre la base de esos testimonios, el legislador Leandro Santoro elaboró una iniciativa para poner orden en la cobranza extrajudicial. El proyecto, de más de 50 artículos, busca establecer responsabilidades claras para todos los actores que intervienen en ese proceso. Santoro preside la Comisión de Defensa del Consumidor y explicó que el objetivo central es crear un registro obligatorio para las firmas que se dedican a esta actividad, de modo que cualquier persona que reciba un reclamo pueda saber quién lo está haciendo, en nombre de quién y bajo qué condiciones.
El universo que quedaría alcanzado por la normativa es amplio. Existen 275 sociedades inscriptas ante ARCA cuyo objeto principal es la cobranza extrajudicial, pero también están comprendidos los estudios jurídicos, las áreas internas de cobranza de bancos, comercios de electrodomésticos y billeteras virtuales. Uno de los puntos más destacados del proyecto establece que cada una de esas estructuras deberá designar a un abogado matriculado como responsable del área. Esto aplica tanto a las agencias independientes como a las divisiones de cobranza dentro de grandes empresas financieras.
Otro eje de la propuesta apunta a fortalecer el sistema de sanciones. Santoro señaló que ciertas conductas ya están formalmente prohibidas, pero que las herramientas actuales resultan insuficientes para castigarlas de manera efectiva. Entre esas prácticas mencionó el contacto con familiares del deudor, los llamados fuera de horario, el envío de cartas documento falsas y la simulación de notificaciones judiciales. El proyecto contempla multas progresivas y la posibilidad de suspender o inhabilitar a las empresas que incurran en ese tipo de conductas.
Una de las situaciones más problemáticas surge cuando las deudas cambian de manos. Santoro explicó que los bancos suelen desprenderse de carteras de créditos en mora vendiéndolas a terceros por aproximadamente el cinco por ciento de su valor original. El deudor, en ese escenario, puede encontrarse de repente frente a una empresa desconocida que exige el pago de una obligación cuyo origen le resulta difícil de rastrear.
Durante el debate, una conductora de radio compartió un caso ilustrativo: terminó pagando 200.000 pesos por una deuda vinculada a una tarjeta bancaria que aseguraba nunca haber activado. Los llamados de cobro no solo la alcanzaron a ella, sino también a sus padres de forma reiterada. La situación se resolvió cuando su madre transfirió el dinero ante la presión sostenida de los reclamos. Para Santoro, casos como ese son exactamente los que la regulación debería contemplar, garantizando que el deudor pueda identificar con claridad quién está habilitado para reclamarle y cuál es el origen concreto de la deuda.
El proyecto también incorpora mecanismos de mediación orientados a facilitar acuerdos y planes de pago. Esto responde a una de las quejas más frecuentes entre quienes se acercaron a la Legislatura: personas que afirman tener voluntad de pagar, pero que no pueden acceder a condiciones razonables para hacerlo. La iniciativa busca así equilibrar los derechos de los acreedores con la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad financiera.
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