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| martes, 8 de septiembre de 2026 |
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CABA y Nación se unieron contra Kicillof
Jorge Macri criticó al gobernador bonaerense por la suspensión judicial del Régimen Penal Juvenil, que baja la imputabilidad a los 15 años.
La suspensión del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires desató una nueva ola de rispideces políticas. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, salió a cuestionar duramente al gobernador Axel Kicillof por la falta de aplicación de la normativa que establece la imputabilidad penal desde los 15 años de edad.
A través de sus redes sociales, Macri sostuvo que la edad no puede funcionar como escudo para cometer delitos graves como homicidios o robos, y apuntó contra lo que denominó el 'garantismo' que encarna Kicillof. También criticó la intervención de sectores judiciales que, según su visión, actúan en defensa de los infractores en lugar de proteger a las víctimas. Remarcó que en el ámbito porteño la ley está plenamente en vigor y que su gestión siempre va a alinearse con los ciudadanos de bien.
El trasfondo de estas declaraciones es el fallo dictado por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de los adolescentes privados de su libertad, y ordenó una pausa de 60 días en la aplicación de la Ley N° 27.801.
Pascual fundamentó su decisión en la ausencia de condiciones mínimas para incorporar a jóvenes de esa franja etaria al sistema penal bonaerense: falta de infraestructura, lugares de alojamiento adecuados, recursos materiales y personal capacitado. En sus primeras declaraciones públicas, la jueza aclaró que no se opone a la reducción de la edad de imputabilidad en sí misma, pero advirtió que aplicarla sin los mecanismos necesarios no beneficia ni a la sociedad ni a los propios jóvenes involucrados.
Como parte de la medida cautelar, se convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10 horas en la sala de juicios orales del Tribunal. En esa instancia, los responsables de las áreas clave del Ejecutivo provincial deberán informar qué acciones se tomaron y cuáles están previstas para garantizar la implementación efectiva de la ley.
Desde La Libertad Avanza, las reacciones fueron contundentes. El presidente del partido a nivel bonaerense y diputado nacional Sebastián Pareja calificó el fallo de antidemocrático y anunció que impulsarán un pedido de juicio político contra la magistrada. De avanzar, esa solicitud deberá presentarse ante la Secretaría de Enjuiciamiento, el organismo habilitado para recibir denuncias contra jueces y funcionarios del Ministerio Público.
El presidente del bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, sostuvo que la cautelar garantiza la impunidad delictiva, mientras que el jefe del bloque de diputados, Juan Osaba, la tildó de fallo político que desampara a las víctimas de delitos cometidos por menores.
Desde el gobierno nacional, la senadora Patricia Bullrich, una de las principales artífices de la reforma legal, apuntó contra la justicia provincial y acusó a Kicillof de favorecer a los delincuentes. Ante esas críticas, la jueza Pascual respondió con firmeza: afirmó ser garantista de la ley, que también quiere vivir con seguridad, que tiene hijos y que transita a diario por el conurbano bonaerense.
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