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| martes, 8 de septiembre de 2026 |
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Guerra política por la ley penal juvenil en PBA
El Gobierno nacional atacó a Kicillof tras la suspensión judicial del nuevo régimen que baja la imputabilidad a los 14 años.
La decisión de una jueza de Lomas de Zamora de frenar durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires desató una catarata de reacciones desde el Gobierno nacional, que aprovechó la medida para cargar contra el gobernador Axel Kicillof.
La senadora Patricia Bullrich, quien fue la principal impulsora de la nueva legislación durante su paso por el Ministerio de Seguridad, salió con los tapones de punta. A través de sus redes sociales, apuntó contra el mandatario bonaerense y contra el sistema judicial provincial, al que calificó de garantista. Sostuvo que los habitantes de la provincia viven con miedo, enrejados y sin protección, mientras los delincuentes quedan libres para seguir cometiendo crímenes. En esa línea, expresó su indignación ante lo que describió como una provincia que da la espalda a los ciudadanos honestos y protege a quienes delinquen.
El jefe de Gabinete Diego Santilli también alzó la voz y cuestionó el silencio del gobernador frente a la suspensión. Afirmó que, con la norma paralizada, un adolescente de 14 años que cometa un homicidio en el marco de un robo puede quedar impune. Su publicación recibió el respaldo explícito del presidente Javier Milei.
El diputado Luis Petri fue más contundente aún: señaló que la ley apenas duró dos días en territorio bonaerense antes de ser frenada por lo que calificó como una magistrada cercana al kirchnerismo. Argumentó que la norma fue sancionada precisamente para terminar con la impunidad de los menores que cometen delitos, y que las víctimas no pueden seguir pagando las consecuencias del abandono del gobierno provincial.
Desde el Ministerio de Capital Humano no hubo un pronunciamiento directo contra el fallo, aunque sí se difundió un posteo que el propio Milei republicó, donde se detallaban los alcances de la Ley N° 27.801. Según ese texto, desde los 14 años los jóvenes pueden ser penalmente responsables por delitos como amenazas a establecimientos educativos, portación de armas, planificación de ataques, comercialización de sustancias ilegales y distribución de imágenes íntimas sin consentimiento.
El dirigente Sebastián Pareja sumó su voz al coro crítico y calificó la decisión judicial de profundamente antidemocrática. Recalcó que la ley no fue impuesta de manera unilateral por el Ejecutivo, sino que atravesó el proceso legislativo completo en el Congreso de la Nación.
La medida que disparó todo esto fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada aceptó un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en defensa de los adolescentes privados de su libertad, lo que derivó en la suspensión temporal de la norma en toda la provincia, apenas 48 horas después de su entrada en vigencia.
La respuesta desde el lado bonaerense no tardó en llegar. El ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, le contestó directamente a Santilli y le pidió que se enfoque en sus propias obligaciones y en devolver los recursos que, según dijo, le fueron quitados a la provincia. Alonso planteó que una reforma de semejante envergadura requiere infraestructura concreta: nuevos juzgados, fiscalías especializadas, centros de detención y personal capacitado. En ese marco, preguntó públicamente dónde están los fondos que el gobierno nacional le niega a la provincia para poder implementar la ley de manera efectiva.
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