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| martes, 8 de septiembre de 2026 |
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La jueza explicó por qué frenó el Régimen Penal Juvenil
Marta Elba Pascual defendió su fallo que suspendió 60 días la ley que baja la imputabilidad a los 14 años por falta de infraestructura.
La magistrada Marta Elba Pascual rompió el silencio tras firmar la resolución que frenó por 60 días la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La jueza sostuvo que su decisión se basó en la ausencia de condiciones materiales e institucionales para aplicar correctamente la legislación.
Pascual fue contundente al señalar que le parece gravísimo que adolescentes menores de 18 años permanezcan encerrados sin acceso a educación, oficios ni contención terapéutica. 'Un joven que cumple una condena en esas condiciones llega a la mayoría de edad con más agresividad que cuando entró, y termina en una cárcel de adultos que funciona como una escuela del delito', advirtió la magistrada, quien reconoció no romantizar la figura de los jóvenes que delinquen con armas, pero insistió en que la nueva ley no garantiza por sí sola mayor seguridad para la ciudadanía.
La jueza aclaró un punto que generó confusión en el debate público: no se opone a que la imputabilidad baje de los 16 a los 14 años. Lo que cuestionó es que esa reducción se implemente sin los recursos humanos, edilicios y presupuestarios necesarios para sostenerla. 'Si no están los mecanismos para aplicar todas las medidas que la ley prevé, esta norma no le sirve ni a la comunidad ni a los jóvenes', subrayó.
El fallo tuvo origen en un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en defensa de los adolescentes privados de su libertad. Pascual hizo lugar al planteo y dispuso la suspensión mientras los poderes del Estado provincial acuerdan cómo se llevará adelante la supervisión de cada joven, con qué recursos contarán los centros de detención y de qué manera se implementarán las medidas alternativas al encierro que la propia norma contempla.
La magistrada también aclaró que la suspensión no implica dejar desprotegidas a las víctimas. Explicó que la legislación procesal bonaerense ya permite a los jueces de garantías privar de libertad a jóvenes de entre 14 y 16 años, y que en este momento hay aproximadamente un centenar de menores de esa franja etaria detenidos en territorio bonaerense.
El fallo generó reacciones inmediatas desde el Gobierno nacional. La senadora Patricia Bullrich, impulsora de la ley, cuestionó duramente a la justicia provincial y acusó al gobernador Axel Kicillof de ponerse del lado de quienes cometen delitos. Ante esas críticas, Pascual respondió con firmeza: 'Garantista soy de la ley, y además quiero seguridad. Tengo hijos, camino por el conurbano todos los días y quiero vivir tranquila'.
La jueza fue clara respecto del objetivo del período de suspensión: que en esos dos meses los distintos poderes del Estado se sienten a definir responsabilidades concretas. Alertó sobre situaciones en las que, ante la falta de acuerdo, la única respuesta termina siendo el encierro puro, o incluso el traslado de menores a cárceles de adultos mediante soluciones improvisadas.
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