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| lunes, 7 de septiembre de 2026 |
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El Gobierno salió a defender la baja de imputabilidad
Funcionarios nacionales cruzaron al gobernador Kicillof tras la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La decisión de una magistrada de Lomas de Zamora de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el territorio bonaerense desató una ola de reacciones desde el Gobierno Nacional, que apuntó directamente contra la administración del gobernador Axel Kicillof.
La senadora y exfuncionaria Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la nueva legislación, fue de las primeras en pronunciarse públicamente. A través de sus redes sociales, cuestionó con dureza tanto al mandatario provincial como al sistema judicial bonaerense. Sostuvo que Kicillof se pone del lado de quienes cometen delitos mientras los vecinos viven con miedo y sin garantías de seguridad. Además, criticó lo que consideró una justicia provincial que libera a los delincuentes y permite que sigan actuando sin consecuencias, y lamentó la situación de quienes, según sus palabras, son ignorados por el Estado provincial.
Desde la jefatura de Gabinete, Diego Santilli también salió al cruce y señaló que le resulta llamativo el silencio del gobernador ante la medida judicial. Advirtió que, en la práctica, la suspensión implica que un adolescente de 14 años que cometa un crimen grave quedará sin condena en la provincia. El mensaje tuvo el respaldo explícito del presidente Javier Milei.
El diputado nacional Luis Petri fue aún más contundente en su postura. Afirmó que la ley había durado apenas dos días en Buenos Aires antes de ser frenada por una jueza a la que identificó con el kirchnerismo. Sostuvo que la norma fue aprobada con el objetivo de terminar con la impunidad de los menores que delinquen y reclamó que las víctimas no pueden seguir pagando lo que calificó como improvisación y abandono del gobierno provincial.
Desde el área de Capital Humano no hubo una declaración formal, pero se difundió un posteo que el propio presidente republicó, donde se detallaban los alcances de la Ley N° 27.801. Entre los puntos destacados figuraban que desde los 14 años los adolescentes pueden ser imputados penalmente, y que conductas como amenazar escuelas, portar armas, planificar ataques, comercializar sustancias ilegales o difundir imágenes íntimas sin consentimiento quedan comprendidas dentro de las figuras delictivas.
El dirigente Sebastián Pareja sumó su voz al rechazo y catalogó la resolución judicial como profundamente antidemocrática. Argumentó que la ley busca elevar el costo de delinquir y recordó que no fue una iniciativa unilateral del Ejecutivo, sino el resultado de un proceso legislativo completo en el Congreso Nacional.
La medida que disparó todas estas reacciones fue adoptada por la jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, apenas 48 horas después de que la normativa entrara en vigor. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por una organización en defensa de los adolescentes privados de libertad, lo que derivó en la paralización temporal de la ley en todo el territorio bonaerense.
Lo central de la resolución no pasó por cuestionar la constitucionalidad de la norma, sino por señalar que la provincia carece de infraestructura y recursos suficientes para absorber el aumento de jóvenes que ingresarían al sistema penal. La nueva legislación reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, lo que habilita el procesamiento judicial de adolescentes de esa franja etaria. La jueza advirtió que esto generará un incremento considerable en la cantidad de menores detenidos y cuestionó si el Estado provincial está en condiciones edilicias e institucionales de dar respuesta a esa demanda.
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