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| viernes, 4 de septiembre de 2026 |
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Milei propone el modelo Hong Kong para Malvinas
El Presidente planteó ante un medio británico un acuerdo a largo plazo con el Reino Unido e impulsó sanciones a petroleras en el archipiélago.
Javier Milei volvió a poner a las islas Malvinas en el centro de la escena internacional. En una entrevista con una reconocida publicación británica, el mandatario argentino afirmó que el archipiélago pertenece "inequívocamente" a la Argentina y propuso como referencia diplomática el acuerdo que permitió la devolución de Hong Kong a China en 1997. "Son nuestras", subrayó, y se preguntó por qué no era posible alcanzar un entendimiento similar con Londres para que las islas regresen a la soberanía argentina tarde o temprano.
El antecedente histórico que invoca Milei es el pacto sino-británico firmado en 1984 por Margaret Thatcher y el premier chino Zhao Ziyang. Ese acuerdo estableció la devolución del territorio bajo la fórmula "un país, dos sistemas", que garantizaba a Hong Kong autonomía jurídica, económica y política durante cincuenta años. La transferencia efectiva se concretó el 1° de julio de 1997, poniendo fin a un siglo y medio de dominio colonial británico.
La entrevista se conoció un día después de que Milei encabezara una cadena nacional rodeado por su gabinete en pleno, en la que habló de "vientos de cambio" que favorecerían el reclamo argentino sobre el archipiélago. Esa expresión fue vinculada de manera directa a declaraciones que ese mismo día había realizado Donald Trump, lo que amplificó el impacto político del mensaje.
Hasta ese momento, varios sectores opositores habían criticado al Presidente por mantener un tono moderado en la cuestión Malvinas. Sin embargo, en la entrevista Milei reiteró en múltiples ocasiones la postura soberanista argentina y manifestó su intención de abrir un canal de diálogo con Gran Bretaña sobre el futuro de las islas. Al mismo tiempo, descartó de plano cualquier salida bélica. "No decidimos empezar a gritar como salvajes", señaló, y fue contundente al rechazar la posibilidad de repetir la invasión militar de 1982, que dejó un saldo de 907 muertos: 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños. "No creemos en la guerra", remarcó.
La respuesta de Londres no tardó en llegar. El canciller británico Ed Miliband sostuvo que el apoyo de su país al derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas es "inquebrantable". Recordó además que en el referéndum de soberanía celebrado en 2013, 1.513 de los 1.517 votantes eligieron continuar siendo un Territorio Británico de Ultramar, con una participación del 92% del padrón.
El propio Milei reconoció que el endurecimiento del reclamo conlleva riesgos concretos: un posible bloqueo británico a la venta de armamento y eventuales complicaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio bilateral. "Por supuesto, hay algunos efectos secundarios y necesitan ser destacados y considerados", admitió. La advertencia no es menor, ya que empresas británicas como el gigante minero Rio Tinto operan en sectores estratégicos de la economía argentina, y el gobierno de Su Majestad tiene capacidad de influir en la relación entre Buenos Aires y el Fondo Monetario Internacional, organismo clave en el programa de estabilización que lleva adelante la actual administración.
En paralelo al plano diplomático, el Gobierno argentino anunció sanciones contra empresas petroleras que operen en el archipiélago, lo que representa una escalada concreta en la disputa.
El análisis de la publicación también relacionó el recrudecimiento del discurso soberanista con el deterioro de la imagen interna del Presidente. Milei confirmó en la entrevista que buscará la reelección en octubre de 2027, apoyado en la baja de la inflación, el ajuste del gasto público y la apertura comercial. No obstante, las encuestas le asignan alrededor de un 50% de probabilidades de ser reelecto. Si bien los argentinos valoran la desaceleración inflacionaria, persisten quejas por la escasa generación de empleo formal, el bajo crecimiento económico, el elevado costo de vida y denuncias de corrupción que erosionan la confianza en la dirigencia política.
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