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| viernes, 4 de septiembre de 2026 |
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Malvinas: Milei apunta contra la explotación británica
El Ejecutivo lanzó tres instrumentos legales simultáneos para sancionar empresas que operan ilegalmente en las islas y fortalecer la presencia argentina en el Atlántico
El canciller Pablo Quirno salió a dar explicaciones sobre el paquete de medidas que el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional, orientado a combatir lo que el gobierno considera una explotación unilateral e ilegal de recursos naturales en las islas Malvinas por parte del Reino Unido. El esquema se compone de tres herramientas que funcionan de manera simultánea: un decreto reglamentario, un proyecto de ley y un decreto de necesidad y urgencia. Según el propio canciller, su elaboración demandó más de seis meses de trabajo coordinado entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía.
Desde el arranque, Quirno dejó en claro que no se trata de acciones aisladas sino de una política de Estado con respaldo institucional. En sus palabras, Argentina está tomando medidas concretas frente a una amenaza directa a su soberanía.
El decreto reglamentario tiene como blanco principal a las empresas Navitas y Rockhopper, que ya habían sido sancionadas con anterioridad, y apunta también a cualquier firma que les brinde asistencia. El mecanismo contempla un endurecimiento de las penas y habilita los juicios en ausencia para condenar tanto a las operadoras como a quienes les provean servicios logísticos u operativos, incluso si esas empresas tienen actividades dentro del territorio argentino. El canciller fue contundente: las compañías alcanzadas recibirán condenas en Argentina y no podrán operar en el país.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que amplía el alcance de la ley 26.659. Esta norma, hasta ahora limitada a la regulación de actividades vinculadas a los hidrocarburos, pasaría a cubrir otras formas de explotación de recursos naturales en las islas. Los detalles sobre qué sectores quedarían incorporados se conocerán cuando se presente formalmente el texto legislativo.
El tercer componente del paquete es el DNU que asigna partida presupuestaria para iniciar la construcción de la Base Naval Integrada Ushuaia, en Tierra del Fuego. Quirno fue cuidadoso al describir la instalación: aclaró que no se trata de una base bélica, sino de un nodo con funciones navales, logísticas y de apoyo a las operaciones científicas en la Antártida. Subrayó que Argentina es un país bicontinental y bioceánico, y que fortalecer su presencia en el Atlántico Sur es una necesidad estratégica. El financiamiento, precisó, proviene de una reasignación de recursos que no compromete el equilibrio fiscal.
El proyecto de la base tiene larga data y fue trabajado de manera sostenida entre Cancillería y Defensa. La novedad de este anuncio es la asignación concreta de fondos para comenzar las obras. La instalación también cumple un rol logístico de cara a la Antártida, dado que las fuerzas armadas brindan apoyo operativo a las actividades científicas que la Argentina desarrolla en el continente blanco.
Parte del razonamiento oficial detrás de esta ofensiva diplomática se apoya en el peso estratégico que el país ha ganado a nivel internacional gracias a activos como Vaca Muerta y los minerales críticos. Según Quirno, eso le otorga a la Argentina una capacidad de negociación que en décadas anteriores no existía.
Bajo esa lógica, las empresas que operan en Malvinas enfrentarán una disyuntiva concreta: seguir en un territorio en disputa bajo licencias que Argentina considera ilegales, o ingresar al mercado continental con reglas claras y previsibles. El canciller sostuvo que, a diferencia del pasado, hoy el potencial argentino es tan grande que las firmas deberán elegir entre un marco legal ordenado o la incertidumbre de operar en una zona en disputa.
En el plano diplomático, se enviaron notas de disuasión a 29 países, identificados como sedes de las empresas involucradas en la explotación de recursos en las islas.
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