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| domingo, 30 de agosto de 2026 |
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Orsi habló de paz, pero la justicia lo desmintió
El presidente uruguayo aseguró que Argentina retiró la denuncia penal por la planta de e-combustibles en Paysandú, pero la fiscal y el denunciante lo negaron.
Un nuevo capítulo de tensión entre Argentina y Uruguay sacudió el diferendo por la instalación de una planta de e-combustibles en Paysandú, sobre la costa frente a Entre Ríos. Todo comenzó con unas declaraciones del presidente uruguayo Yamandú Orsi que, lejos de calmar las aguas, generaron una polémica inmediata a ambos lados del río.
Durante una visita a Guichón, localidad del departamento de Paysandú, Orsi sostuvo que el conflicto diplomático había avanzado hacia una resolución favorable. Según él, uno de los logros más recientes había sido el retiro, por parte de Argentina, de la denuncia penal que pesaba sobre el proyecto. Lo calificó como una señal positiva en términos de confianza mutua entre ambos países.
Sin embargo, sus palabras chocaron de frente con la realidad judicial. La fiscal que tiene a cargo la causa en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay salió a aclarar que la acción penal por tentativa de contaminación continúa vigente. Ni ella ni los Amicus Curiae presentados en el expediente dieron ningún paso hacia el retiro de la denuncia. La causa sigue su curso.
En la misma línea, el diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel, quien impulsó la demanda civil contra la empresa HIF Global y el gobierno uruguayo, desmintió categóricamente las afirmaciones del mandatario oriental. Según precisó, la acción preventiva de daño civil que encabeza tampoco fue levantada y continúa activa.
El conflicto tiene antecedentes sensibles en la región. El recuerdo de la instalación de la pastera Botnia —hoy conocida como UPM— en Fray Bentos sigue presente en la memoria colectiva de los vecinos de ambas márgenes del Uruguay. Aquella disputa dejó heridas profundas en las relaciones bilaterales y es el marco en el que se interpreta cualquier nuevo diferendo ambiental.
En este caso, el emplazamiento original de la planta de e-combustibles había generado protestas concretas desde el lado argentino. La ciudad de Colón objetó que la instalación quedaría frente a su principal balneario, con el riesgo de sufrir lo que denominaron contaminación visual, un factor clave dado que el turismo es el motor económico de esa localidad entrerriana.
Tras meses de tensión, las cancillerías de ambos países lograron un entendimiento que evitó un escalada mayor del conflicto. Parte de ese acuerdo implicó la decisión de relocalizar la planta, lo que a su vez requiere nuevos estudios de impacto ambiental y demoras en los tiempos del proyecto.
El propio Orsi reconoció que la relocalización implica un proceso más largo, aunque aclaró que la iniciativa no fue abandonada. Indicó que los plazos finales dependerán en buena medida del comportamiento del mercado internacional del hidrógeno, y que el gobierno uruguayo continúa trabajando en el proyecto con los resguardos ambientales correspondientes.
Otro punto que el mandatario marcó como positivo es el avance en las negociaciones entre el Estado uruguayo y HIF Global respecto al precio del suministro eléctrico. La energía necesaria para el proceso productivo debe ser provista por la empresa estatal UTE, y el valor de ese servicio es determinante para la viabilidad económica del emprendimiento. Orsi señaló que las partes se acercaron en los números, aunque pidió prudencia ante cualquier anuncio prematuro.
La inversión proyectada supera los cinco mil millones de dólares, lo que la convertiría en la más grande de la historia uruguaya. Con ese volumen en juego, tanto el gobierno de Montevideo como la empresa tienen incentivos para destrabar los obstáculos pendientes, aunque la justicia argentina parece no estar dispuesta a salir del camino tan fácilmente.
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