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| sábado, 29 de agosto de 2026 |
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Chaco penaliza los deepfakes con multas y arresto
El gobernador Zdero promulgó una ley que sanciona la creación y difusión de contenidos digitales falsos o manipulados con inteligencia artificial.
La provincia del Chaco se convirtió en pionera al poner en vigencia una legislación que establece sanciones penales y económicas para quienes generen o distribuyan contenidos digitales falsos, alterados o producidos mediante inteligencia artificial, cuando estos provoquen daño a la dignidad, reputación o privacidad de una persona.
El gobernador Leandro Zdero firmó el 26 de agosto la promulgación de la Ley N° 4250-J, que había sido aprobada por la Legislatura provincial el 8 de agosto. La norma incorpora nuevas categorías al marco legal existente, incluyendo la creación de perfiles falsos en redes sociales y la difusión de deepfakes, es decir, imágenes o videos de personas reales que fueron adulterados mediante herramientas de IA para mostrarlas en situaciones que nunca ocurrieron. El avance de esta tecnología generó una creciente preocupación en establecimientos educativos de todo el país durante el último tiempo.
La ley define como contenido manipulado o sintético a todo material generado o modificado con tecnología —incluyendo la inteligencia artificial— que represente a una persona real en situaciones ficticias y que pueda ocasionar confusión o perjudicar su honor, intimidad o imagen pública.
Las sanciones para quienes creen este tipo de contenido sin el consentimiento explícito del afectado incluyen hasta 60 días de arresto o multas equivalentes a 15 remuneraciones mínimas, lo que representa aproximadamente $5.649.000. En los casos en que el material sea difundido, la penalidad se eleva a 90 días de detención o hasta 18 sueldos mínimos, cerca de $6.778.800.
Las penas se duplican cuando los hechos ocurren en contextos de violencia de género o intrafamiliar. También se agravan si la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad, o si existe una relación de confianza entre el autor y el damnificado. En situaciones donde haya lucro, coacción o daño psicológico grave, la sanción puede alcanzar los 120 días de arresto o 20 salarios mínimos.
Desde el punto de vista procesal, la norma introduce modificaciones relevantes. Los jueces podrán tomar medidas de urgencia en un plazo máximo de 24 horas, tales como la eliminación inmediata del contenido dañino, restricciones de contacto entre las partes, limitaciones en el uso de plataformas digitales o la publicación de rectificaciones. Estas disposiciones podrán dirigirse a redes sociales, proveedores de servicios de internet y plataformas de alojamiento digital.
La legislación también establece pautas precisas para la cadena de custodia de la evidencia digital. Archivos, mensajes y videos deberán conservarse en soporte original, con un registro detallado de quién accedió, en qué momento y mediante qué herramienta. Además, se habilita la realización de denuncias por medios electrónicos y se contempla el bloqueo preventivo de cuentas como medida cautelar.
Otro aspecto relevante es la obligatoriedad de capacitación en ciberdelitos para jueces y fiscales que intervengan en este tipo de causas, con el objetivo de garantizar una respuesta judicial adecuada ante la complejidad técnica de los casos.
La nueva ley se complementa con normativas previas como la Ley Olimpia 27.736, que reconoce la violencia digital contra las mujeres y habilita la eliminación de material íntimo real o editado, y con proyectos de modificación del Código Penal orientados a penalizar la producción y difusión de contenidos sexuales manipulados con inteligencia artificial.
Magdalena Ayala, exlegisladora e impulsora del proyecto junto al diputado Iván Gyoker, destacó la importancia de actualizar el marco normativo frente al avance tecnológico. Señaló que el objetivo es brindar mayor protección a las víctimas sin restringir la libertad de expresión ni el uso legítimo de las herramientas digitales, poniendo límites claros a la violencia en el entorno virtual.
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