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| miércoles, 26 de agosto de 2026 |
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San Luis reforma su Constitución tras 38 años
El Senado provincial aprobó el proyecto que limita mandatos, elimina elecciones intermedias e incorpora regulación sobre inteligencia artificial.
La provincia de San Luis marcha hacia una transformación profunda de su carta magna. El gobernador Claudio Poggi impulsa una reforma constitucional parcial que apunta a desmantelar uno de los pilares del sistema político puntano: la reelección indefinida de los mandatos ejecutivos, una figura que estuvo vigente desde 1987 y que fue el andamiaje institucional sobre el cual la familia Rodríguez Saá ejerció su dominio político durante décadas.
El martes 18 de agosto, el Senado provincial otorgó media sanción al proyecto de ley que declara la necesidad de reformar parcialmente la Constitución. La votación arrojó seis votos a favor y tres en contra. Ahora el texto debe conseguir los dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados para avanzar. Si se aprueba, la elección de convencionales constituyentes está prevista para 2027.
La iniciativa contempla la modificación de 23 artículos existentes, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro capítulos completamente nuevos. El punto más relevante es la limitación del mandato del gobernador a dos períodos, ya sean consecutivos o alternados, siguiendo el modelo de la Constitución de los Estados Unidos, que impide al presidente gobernar más de dos veces.
Sin embargo, Poggi incluyó en el proyecto una cláusula transitoria que establece que su primer mandato comienza a contarse desde 2023. Eso le permitiría presentarse a la reelección el año próximo y, de ganar, completar un tercer período al frente del ejecutivo provincial. El propio mandatario reconoció la paradoja al señalar que sería el único ciudadano puntano que no podría ocupar la gobernación durante dos períodos adicionales.
Otro cambio de peso es la eliminación de las elecciones de medio término para renovar la Legislatura local, compuesta por nueve senadores y 43 diputados. Con esta modificación, San Luis se incorpora al grupo de diez provincias que concentran todos sus comicios en una misma fecha, junto con la elección de gobernador. Para lograr la transición al nuevo sistema, los legisladores elegidos en 2023, cuyo mandato vencía en 2029, extenderán su permanencia en el cargo hasta 2031.
Esa extensión generó críticas. El exdiputado radical José Luis Riccardo calificó la medida como un fraude a la Constitución y una traición al voto popular, argumentando que los ciudadanos eligieron a esos representantes por cuatro años y no por ocho. No obstante, especialistas en derecho constitucional señalaron que este tipo de ajustes son una práctica habitual en procesos de reforma similares.
La reforma también amplía el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, que pasará de ocho meses —entre el 1 de abril y el 30 de noviembre— a nueve meses y medio, extendiendo el inicio al 15 de marzo y el cierre al 31 de diciembre.
Entre las incorporaciones más novedosas figura un artículo dedicado a la inteligencia artificial, redactado a partir de los principios de la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV. La propuesta llegó a raíz de una solicitud del obispo Gabriel Bernardo Barba y apunta a garantizar el control humano sobre la IA, proteger la dignidad de las personas, regular el uso ético de las tecnologías, resguardar los datos personales frente a los algoritmos y asegurar el acceso universal a la conectividad. Complementariamente, se propone incorporar el hábeas data como herramienta de protección de la información personal.
El texto también otorga jerarquía constitucional al agua, reconociéndola como derecho humano y recurso estratégico, un punto de especial relevancia para una provincia con históricos problemas de déficit hídrico. Se prevé además la creación de un organismo específico para su gestión, a cargo de un funcionario técnico designado por el Ejecutivo con acuerdo del Senado y un mandato de cinco años.
Finalmente, en el plano judicial, la reforma fija en 75 años la edad máxima para que los magistrados permanezcan en sus cargos, equiparando la normativa provincial con lo que establece la Constitución Nacional.
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