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| miércoles, 26 de agosto de 2026 |
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San Luis reforma su Constitución tras 38 años
El Senado puntano aprobó el proyecto que limita mandatos, elimina elecciones intermedias e incorpora regulación sobre inteligencia artificial.
La provincia de San Luis avanza hacia una transformación profunda de su arquitectura institucional. El gobernador Claudio Poggi impulsa una reforma parcial de la Constitución provincial que toca aspectos clave del sistema político puntano, entre ellos la eliminación de la reelección indefinida, vigente desde 1987 durante el predominio de los Rodríguez Saá.
El martes 18 de agosto, el Senado provincial dio el primer paso formal al otorgarle media sanción al proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma. La iniciativa se aprobó con seis votos a favor y tres en contra, y contempla modificaciones en 23 artículos, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro nuevos capítulos. Ahora el texto deberá alcanzar los dos tercios en la Cámara de Diputados para avanzar hacia la convención constituyente, cuya elección está prevista para 2027.
El punto más relevante del proyecto es la limitación del mandato del gobernador a dos períodos, consecutivos o alternados, siguiendo el modelo de la Constitución de Estados Unidos. Esta modificación desactiva el mecanismo que los hermanos Rodríguez Saá diseñaron hace casi cuatro décadas para perpetuarse en el poder. Sin embargo, Poggi incluyó una cláusula que establece que su primer mandato se computa desde 2023, lo que le habilitaría presentarse a una reelección. De triunfar en los comicios del año próximo, estaría ejerciendo su tercer período al frente del Ejecutivo provincial. El propio mandatario reconoció la situación con ironía al señalar que es el único puntano que no podrá aspirar a dos mandatos más.
Otra modificación central es la eliminación de las elecciones de medio término para renovar la Legislatura, compuesta por nueve senadores y 43 diputados. De esta forma, San Luis se sumaría a otras diez provincias que concentran todos sus comicios en una misma fecha junto con la elección de gobernador. Como consecuencia de este cambio, los legisladores elegidos en 2023, cuyo mandato debía concluir en 2029, extenderán su período hasta 2031 de manera excepcional para adaptarse al nuevo calendario electoral.
Esa extensión generó críticas. El exdiputado radical José Luis Riccardo calificó la medida como un fraude a la Constitución y una traición al voto popular, al entender que los ciudadanos eligieron a sus representantes por cuatro años y no para un período mayor. No obstante, especialistas en derecho constitucional sostienen que este tipo de adecuaciones son habituales en procesos de reforma y cuentan con respaldo jurídico.
La reforma también amplía el período de sesiones de la Legislatura, que pasará de ocho meses, entre el 1° de abril y el 30 de noviembre, a nueve meses y medio, desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre.
Entre los nuevos derechos que incorpora la reforma figura el reconocimiento del agua como derecho humano y recurso estratégico, con jerarquía constitucional. Dado que San Luis es una provincia con déficit hídrico estructural, la iniciativa crea además un organismo técnico específico para su gestión, cuyo titular será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y ejercerá el cargo durante cinco años.
A pedido del obispo Gabriel Bernardo Barba, el proyecto incluye un artículo sobre inteligencia artificial inspirado en la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV. El texto incorpora principios relacionados con la identidad digital, el uso ético de las tecnologías, la protección de la dignidad humana, el resguardo de datos personales frente a algoritmos y el acceso universal a la conectividad, asegurando el control humano sobre los sistemas de IA. También se incorpora el hábeas data como herramienta de protección de la información personal.
En materia judicial, la reforma fija en 75 años la edad límite para que los magistrados permanezcan en sus cargos, en consonancia con lo que establece la Constitución Nacional.
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