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| miércoles, 26 de agosto de 2026 |
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Piden datos al BCRA por deudas de jóvenes
Una ONG con el respaldo de Carrió solicitó información oficial sobre el endeudamiento juvenil y su posible vínculo con las apuestas digitales.
La organización civil VOCES presentó una solicitud formal de acceso a información pública dirigida al Banco Central y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con el foco puesto en el creciente endeudamiento que afecta a la población menor de 30 años en la Argentina. El documento lleva la firma de la dirigente política Elisa Carrió, junto a otros diez integrantes de la organización.
El texto plantea que el sobreendeudamiento en jóvenes se convirtió en una tendencia estructural dentro de la sociedad argentina, y lo vincula con la expansión sin controles suficientes del juego y las apuestas a través de plataformas digitales, un fenómeno que, según la presentación, está transformando los hábitos cotidianos de las nuevas generaciones.
La solicitud se organiza en cuatro grandes bloques temáticos. El primero busca obtener estadísticas detalladas del período comprendido entre 2019 y 2026, incluyendo el saldo de deudas, la cantidad de acreedores por persona, las tasas de interés aplicadas, el Costo Financiero Total, la evolución de la situación crediticia de los deudores, las refinanciaciones y los índices de mora. Todos estos datos deberían estar discriminados por tipo de acreedor —bancario y no bancario— y por variables sociodemográficas, con especial atención al rango etario de 18 a 29 años.
El segundo eje apunta a rastrear cómo se mueve el dinero en las plataformas de apuestas: qué medios de pago se utilizan, cómo se categorizan esas operaciones a través de tarjetas, transferencias, cuentas bancarias y billeteras virtuales, y si existe alguna correlación entre ese uso y el deterioro financiero de los usuarios.
El tercer punto reclama información sobre la fiscalización impositiva de las plataformas digitales de juego: cuánto se recauda, qué operadores están registrados —tanto locales como extranjeros— y qué estimaciones existen sobre el volumen de transacciones que no quedan registradas en ningún organismo.
Finalmente, el cuarto bloque indaga sobre la coordinación regulatoria entre el Banco Central y la Agencia de Lotería y Entretenimiento de Argentina, los bloqueos de cuentas vinculadas a operadores no autorizados, y el estado de posibles normativas que incluyan límites al uso de crédito para financiar apuestas, sistemas de alertas tempranas y mecanismos de autoexclusión.
El argumento que atraviesa toda la presentación es la sospecha de que el aumento del endeudamiento juvenil y el crecimiento del juego en línea están relacionados, y que las autoridades no han mostrado interés en investigar esa conexión. La organización también asocia estas tendencias con el incremento de problemas de salud mental y de casos de suicidio entre jóvenes, y señala al Estado como responsable por la ausencia de marcos regulatorios efectivos frente a la ludopatía digital.
Entre los firmantes del documento aparecen Maricel Etchecoin, Facundo Del Gaiso, Hernán Reyes, Juan Calandri, María Pace, Federico Esswein, Matías Yofe, Lucila Lehmann, Facundo Cajen y Santiago Echevarrieta.
La presentación se produce mientras el Gobierno nacional sostiene una postura de no intervención ante la crisis de morosidad. El vocero presidencial Adrián Ravier afirmó que cualquier tipo de asistencia estatal equivaldría a destinar fondos de los contribuyentes para rescatar a entidades financieras que otorgaron créditos con tasas elevadas asumiendo riesgos que ahora no pueden afrontar. Desde esa perspectiva oficial, el problema es considerado una cuestión entre actores privados que el Estado no debería resolver con recursos públicos.
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