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| martes, 25 de agosto de 2026 |
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Bloqueo de celulares en cárceles provinciales
El Gobierno formalizó un programa federal que permite a las provincias sumarse al sistema de bloqueo de móviles en penales con protocolo técnico.
El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha oficialmente el Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil en establecimientos penitenciarios. La medida se publicó en el Boletín Oficial a través de la resolución 806/2026 y se enmarca en una serie de disposiciones recientes orientadas a combatir el uso ilegal de celulares dentro de las cárceles, tanto federales como provinciales.
A través de la normativa, se convocó a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a incorporarse al sistema mediante la firma de un convenio cuyo modelo quedó anexado al texto oficial. El mecanismo de bloqueo apunta a inhabilitar tres elementos clave: el IMEI, que es el identificador único de cada dispositivo; el IMSI, que corresponde al identificador de la tarjeta SIM; y la línea telefónica asociada. De esta manera, aunque un interno logre cambiar el chip del equipo, el aparato seguirá bloqueado, dificultando así la coordinación de actividades ilícitas desde adentro de los penales.
La Subsecretaría de Articulación Federal será el organismo encargado de gestionar el programa en cada jurisdicción que decida adherirse. En ese esquema, el Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como ventanilla única entre las provincias y las empresas de telefonía móvil, siendo el único canal habilitado para trasladar las solicitudes de bloqueo a las operadoras. Esto significa que ninguna provincia podrá gestionar por su cuenta la inhabilitación de un dispositivo directamente ante las compañías prestadoras.
El procedimiento técnico ya había sido actualizado previamente mediante la resolución 734/2026, dictada el 13 de agosto. El manual aprobado establece con claridad los roles de cada actor involucrado. El ministerio provincial con competencia penitenciaria debe identificar los dispositivos detectados en zonas restringidas y reportarlos al sistema federal. El Servicio Penitenciario Provincial, por su parte, tiene la responsabilidad de monitorear de forma remota los equipos de detección y notificar cualquier incidente de manera inmediata. Las operadoras de telecomunicaciones, una vez recibida la solicitud formal, cuentan con un plazo máximo de 48 horas para confirmar la ejecución del bloqueo.
El programa tiene respaldo legal en normativas previas, entre ellas la Ley 24.660, que prohíbe expresamente el uso de teléfonos celulares en contextos de encierro, y las obligaciones que el ENACOM ya había fijado para los prestadores del servicio.
El sistema también contempla la habilitación de sectores especiales para la guarda de dispositivos del personal autorizado a ingresar a los establecimientos, como agentes penitenciarios, magistrados, abogados, integrantes de organismos de control y representantes diplomáticos o consulares. Estos espacios estarán ubicados fuera de las zonas sujetas a detección.
Para garantizar el funcionamiento del programa, se realizarán auditorías periódicas y toda la información relacionada con los bloqueos de IMEI e IMSI deberá manejarse bajo estrictos criterios de confidencialidad. Cada provincia que se adhiera al sistema tendrá la obligación de cargar diariamente en un servidor habilitado por el Ministerio archivos en formato CSV con los identificadores detectados en sus penales, organizados según la operadora correspondiente. El sistema contempla cinco prestadoras de telefonía móvil para canalizar los pedidos de inhabilitación.
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