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| lunes, 24 de agosto de 2026 |
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Conurbano: violencia que el dato no muestra
Los homicidios bajan en Buenos Aires, pero crecen la violencia doméstica, los narcos prestamistas y los suicidios juveniles.
En la provincia de Buenos Aires hay una preocupación que crece en silencio dentro del gobierno de Axel Kicillof: el deterioro social avanza por caminos que los indicadores clásicos de inseguridad no logran capturar. Los homicidios dolosos disminuyen. Los asesinatos vinculados a robos también. La estadística más dura del delito no confirma, al menos por ahora, ese escenario de colapso que el gobierno nacional intenta instalar sobre el territorio bonaerense. Sin embargo, eso no genera tranquilidad en La Plata. Todo lo contrario: obliga a poner el foco en otra dimensión del problema, una que se cuela puertas adentro de los hogares, afecta a los jóvenes, roza a las propias fuerzas de seguridad y abre nuevas oportunidades de expansión para las economías criminales.
Ese corrimiento del problema transforma el debate: ya no es solo una discusión policial, sino también política. Las acusaciones del presidente Javier Milei sobre un supuesto derramamiento de sangre en suelo bonaerense no encuentran respaldo en las cifras de homicidios. Pero la administración provincial tampoco puede conformarse con esa refutación, porque los propios datos que maneja revelan señales que no encajan en la lógica tradicional de la violencia urbana y que, analizadas en conjunto, describen un panorama bastante más complejo que una simple reducción del delito.
La pregunta que ronda al gobierno bonaerense no es si el deterioro social ya desembocó en una ola de violencia callejera. Los números oficiales no permiten sostener eso. El interrogante es otro: qué tipo de tensiones se acumulan mientras ese salto todavía no se produce, dónde se expresan y hasta qué punto pueden escalar si las condiciones materiales continúan empeorando.
Un tiroteo en el barrio Fuerte Apache ayudó a ordenar esa inquietud. El episodio terminó con varios detenidos y un operativo policial de gran escala. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores no fue únicamente el enfrentamiento entre grupos ligados al narcomenudeo. Detrás de la disputa surgió otro negocio: el préstamo de dinero. Organizaciones criminales operando como financistas informales en barrios donde el acceso al crédito formal es prácticamente inexistente.
El caso importa menos por su anécdota que por lo que revela. En comunidades donde muchas familias necesitan efectivo y no tienen acceso a bancos ni financieras, una organización ilegal con capital disponible cuenta con una vía de penetración mucho más amplia que la simple venta de estupefacientes. La familia que necesita cubrir una deuda, afrontar una urgencia médica o simplemente cerrar el mes puede terminar vinculándose con una estructura criminal sin haber tenido antes ningún contacto con ese mundo.
No hay evidencia suficiente para afirmar que esa modalidad se haya extendido de manera generalizada por todo el Conurbano. Pero en la mirada oficial funciona como una señal de alarma. No porque describa una tendencia ya consolidada, sino porque marca un punto de contacto cada vez más delicado entre deterioro económico, fragilidad social y capacidad de las organizaciones criminales para capturar voluntades. Una necesidad cotidiana deja de ser un problema doméstico y se convierte en una puerta de entrada para mecanismos de coerción territorial.
Ese tipo de situaciones convive con una paradoja que define buena parte del presente bonaerense. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 451 homicidios dolosos en la provincia. En el mismo período de 2026, la cifra descendió a 434, una caída del 3,8%. Y la curva descendente no es reciente: en 2015 se contabilizaron 1.247 homicidios; en 2019, 905; en 2024, 823; en 2025, 780. La proyección oficial para este año, tomando como base los primeros ocho meses, es de 742 casos.
Esos datos, que forman parte de los informes que utiliza el Ministerio de Seguridad bonaerense conducido por Javier Alonso, tienen un efecto político directo. El relato sobre una provincia desbordada por la violencia no se sostiene en el principal indicador de letalidad criminal. La frase del derramamiento de sangre, utilizada desde el oficialismo nacional para atacar a la administración provincial, quedó atrapada en la confrontación política. Pero la serie estadística disponible muestra una tendencia que va en sentido contrario a esa narrativa, al menos en lo que respecta a los homicidios.
El verdadero desafío, sin embargo, está en lo que los números tradicionales no miden: la violencia intrafamiliar en aumento, los suicidios entre jóvenes y la silenciosa expansión del crimen organizado hacia territorios donde antes no llegaba. Esa es la otra cara del deterioro social en el Conurbano, la que no aparece en los titulares pero que los funcionarios provinciales siguen con creciente preocupación.
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