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| lunes, 24 de agosto de 2026 |
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Cuestionan el reequipamiento militar argentino
Una legisladora opositora advirtió que el deterioro salarial y la fuga de personal amenazan la sustentabilidad de la modernización castrense.
El Estado argentino cerró un acuerdo con Estados Unidos para adquirir 235 vehículos Stryker y aviones F-16 de origen danés destinados al Ejército. El objetivo declarado es modernizar las capacidades logísticas y dotar de mayor movilidad a la décima brigada mecanizada. Sin embargo, la operación generó un debate que va mucho más allá del equipamiento: el foco se corrió hacia las condiciones laborales del personal militar y las dudas sobre la transparencia de los contratos.
La diputada Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa y referente de Unión por la Patria, fue la voz más crítica. Según sus datos, los salarios del personal castrense acumulan una caída de 80 puntos porcentuales en poder adquisitivo desde 2023. Una pérdida de esa magnitud, sostuvo, no puede ignorarse mientras el Gobierno anuncia millonarias inversiones en armamento.
Las consecuencias de ese deterioro ya son visibles. Propato señaló que alrededor de 19.000 efectivos abandonaron las filas de las Fuerzas Armadas y de seguridad en el último período. Además, estimó que el 70 por ciento de quienes permanecen en servicio percibe ingresos por debajo de la canasta básica alimentaria, una situación que calificó como estructuralmente insostenible.
Este escenario derivó en un fenómeno que la legisladora describió como la "uberización" de las fuerzas: el pluriempleo se expandió entre los uniformados como única forma de compensar los ingresos insuficientes. Para Propato, esa dinámica genera una desprofesionalización progresiva, dificulta la formación continua e impide completar los cuadros en los distintos regimientos del país.
La diputada también se refirió a los intentos fallidos de recomposición salarial. Hubo iniciativas de reestructuración de haberes que quedaron truncas, y como respuesta el Ejecutivo optó por otorgar bonos de 50.000 pesos, una cifra que Propato consideró claramente insuficiente frente al atraso acumulado. En sus propias palabras, ese monto "suena poco, por supuesto".
Como alternativa, la legisladora propuso retomar un programa de jerarquización salarial que había comenzado a implementarse y reclamó que se traten en el Congreso los proyectos de financiamiento que están pendientes desde hace meses. Su argumento central es que no existe posibilidad real de construir un sistema de defensa eficaz si se descuida el capital humano, al que definió como el recurso más valioso de cualquier fuerza armada.
Otro eje de su crítica apunta a la falta de información. Propato denunció la existencia de decretos secretos vinculados a programas de defensa que impiden conocer los detalles del equipamiento adquirido, sus costos de mantenimiento y los componentes técnicos involucrados. Esa opacidad, advirtió, también obstruye cualquier análisis serio sobre el impacto fiscal de las compras y las fuentes de financiamiento utilizadas.
La legisladora mencionó además la incertidumbre que reina entre el personal militar y civil ante una serie de reorganizaciones en curso: bajas de material, traslado de equipos y técnicos especializados, y la disolución de IOSFA, la obra social del sector. La falta de definiciones claras sobre el futuro institucional alimenta, según Propato, una preocupación creciente entre los trabajadores del área.
En síntesis, la diputada plantea que existe una contradicción de fondo entre la apuesta oficial por modernizar el equipamiento y el abandono de las condiciones básicas de quienes deben operarlo. Esa tensión, a su juicio, pone en riesgo la coherencia y la viabilidad de cualquier política de defensa a mediano plazo.
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