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| viernes, 21 de agosto de 2026 |
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Ludopatía y drogas, prioridad sanitaria
El Poder Ejecutivo modificó la Ley de Ministerios para reforzar políticas de prevención ante el creciente juego en adolescentes.
El Gobierno nacional decidió reformar la estructura legal que organiza las competencias del Estado en materia sanitaria, con un foco particular en dos problemáticas que vienen ganando terreno: la ludopatía vinculada a los juegos de azar y el consumo de sustancias psicoactivas. La medida quedó plasmada a través del Decreto N° 771/2026, firmado por el presidente Javier Milei, que modifica la Ley de Ministerios N° 22.520 y redefine las atribuciones del área de salud pública.
El cambio más sustancial afecta al inciso 20 del artículo 23 del Título V de esa norma, que fue reemplazado para incorporar de manera explícita el diseño y la ejecución de políticas orientadas a prevenir y tratar el consumo de sustancias. Al mismo tiempo, se sumaron acciones específicas frente a la ludopatía, que incluyen campañas de concientización, capacitación de profesionales, producción de investigación científica y un abordaje integral de quienes padecen esta condición.
La decisión no fue casual. Las autoridades explicaron que el motor detrás del cambio fue un informe elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas, organismo dependiente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas del Ministerio de Salud, que relevó datos preocupantes entre estudiantes secundarios durante 2025. El estudio determinó que más de una cuarta parte de los jóvenes encuestados había apostado dinero en el último año, con una incidencia notablemente mayor en plataformas digitales.
Ante ese escenario, el Estado consideró urgente contar con herramientas institucionales más sólidas para desarrollar políticas preventivas, formar equipos de salud y crear dispositivos asistenciales especializados que puedan contener a las personas afectadas.
Desde el punto de vista médico y científico, la ludopatía está reconocida como un trastorno que implica la pérdida de control sobre el juego, la continuidad de esa conducta pese a sus efectos negativos y el deterioro progresivo de la salud mental, la economía personal y familiar, los vínculos sociales y el rendimiento escolar o laboral. El decreto señala que este cuadro comparte características con otros consumos problemáticos, tanto en su dinámica de desarrollo como en las estrategias necesarias para prevenirlo y tratarlo.
El texto oficial subraya que la prevención, la detección temprana, la asistencia y la rehabilitación de las personas afectadas son responsabilidades propias de las políticas públicas de salud, y que el Estado no puede mantenerse al margen frente a fenómenos de esta magnitud.
La reforma también amplía las competencias del Ministerio de Salud en materia de fiscalización alimentaria. Se establece que esa cartera ejercerá la rectoría sanitaria sobre los alimentos, orientando las políticas públicas hacia la protección y promoción de la salud de la población. Esto incluye el control sanitario de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, así como el registro y la supervisión de la calidad e inocuidad de todos los productos agroalimentarios y sus derivados.
La medida alcanza a bebidas, aguas minerales, alimentos dietéticos y acondicionados de cualquier origen, además de insumos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados en la alimentación humana, en todas las etapas que van desde la producción hasta la exportación.
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