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| viernes, 21 de agosto de 2026 |
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El Gobierno cuestiona la marcha por deudas
La administración libertaria calificó de maniobra política la movilización de la CGT y la CTA en defensa de millones de hogares endeudados.
Con la Plaza de Mayo dividida por extensos vallados y un fuerte operativo policial, el Ejecutivo nacional salió a cuestionar la legitimidad de la marcha convocada por las dos principales centrales sindicales del país en reclamo por la crisis de endeudamiento que afecta a millones de familias argentinas.
Desde el entorno oficial señalaron que las organizaciones gremiales no tienen autoridad para representar a los deudores y que la movilización responde a una lógica puramente partidaria. "Hacen un aprovechamiento político de la situación", disparó un funcionario antes de que comenzaran a llegar las primeras columnas de manifestantes a los alrededores de la sede del gobierno.
A pesar del tono crítico, las mismas fuentes reconocieron que el problema de fondo es real y requiere atención. "Son dos cosas distintas: la marcha, donde no se identifican claramente los afectados, y el problema estructural que hay que resolver", admitió una fuente con despacho en la Casa Rosada.
La convocatoria, que se extendió desde las 14 horas con concentraciones en Paseo Colón y avenida Estados Unidos, así como en la intersección de Independencia y Paseo Colón, reunió además a la UTEP, movimientos sociales y partidos de izquierda. El Gobierno estimaba una asistencia no mayor a las diez mil personas y esperaba que la jornada transcurriera sin incidentes. De todos modos, el Ministerio de Seguridad activó el protocolo correspondiente y monitoreó la situación desde el Comando Unificado.
El trasfondo económico que impulsó la protesta es contundente. Según datos del Banco Central, la tasa de incumplimiento en créditos a hogares trepó al 12,7% en junio de 2026, cuando apenas en octubre de 2024 se ubicaba en el 2,5%. En ese mismo período, el número de personas con atrasos superiores a los noventa días alcanzó los 5,8 millones. La movilización apunta a visibilizar la situación de más de 5,5 millones de familias con deudas impagas o en situación crítica, muchas de las cuales tomaron préstamos para cubrir gastos básicos como alimentos, remedios y servicios.
El presidente Javier Milei ya había tomado distancia del conflicto al definirlo como un asunto entre privados y adjudicar la responsabilidad a la gestión anterior. En una entrevista reciente, descartó una intervención directa del Estado argumentando que cualquier solución implicaría afectar a terceros. Sin embargo, su discurso del lunes pasado en la Plaza San Martín incluyó pasajes que sus propios colaboradores interpretaron como una señal de autocrítica.
Dentro del espacio oficialista también se escucharon voces que, sin abandonar la defensa del rumbo económico, reconocieron que los efectos positivos de las medidas tardan en llegar a los hogares. La titular del bloque libertario en el Senado admitió que la recuperación avanza con lentitud y reclamó mayor velocidad en los resultados. Desde el mismo sector se explicó el fenómeno del sobreendeudamiento señalando que muchos tomaron créditos a tasas elevadas esperando que la inflación licuara sus obligaciones, algo que finalmente no ocurrió. Esa misma lectura comparte el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostiene que el Banco Central opera con un retraso de aproximadamente dos meses, lo que posterga la percepción de la mejora en la vida cotidiana.
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