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| jueves, 20 de agosto de 2026 |
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El pasaporte dorado divide al Gobierno
A más de un año de su anuncio, el programa de ciudadanía por inversión sigue sin reglamentarse y genera tensión dentro del oficialismo.
Hace más de un año, el Gobierno nacional presentó una reforma integral del sistema migratorio y de ciudadanía que incluyó, entre sus puntos más llamativos, un mecanismo para otorgar la ciudadanía argentina a cambio de inversiones de alto valor. El esquema, conocido internacionalmente como 'pasaporte dorado', apunta a atraer capitales de personas con grandes patrimonios en el exterior, que a cambio de determinados desembolsos económicos podrían acceder a la nacionalidad argentina.
El marco normativo fue lanzado en mayo del año pasado mediante un decreto de necesidad y urgencia que modificó cuatro leyes nacionales, y luego fue ampliado por otro decreto publicado en julio de 2025 en el Boletín Oficial. Sin embargo, el programa todavía no está en funcionamiento porque falta la reglamentación definitiva que le dé operatividad concreta.
Esta demora generó malestar dentro del propio oficialismo. Al menos tres integrantes de la Mesa Política del Gobierno están trabajando para desbloquear el proceso en términos burocráticos. Fuentes cercanas a esos despachos reconocieron que el tema 'estuvo paralizado' durante meses, aunque aseguran que la reglamentación finalmente saldrá una vez que concluya la revisión en curso.
Una de las áreas que está analizando el expediente es el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Alejandra Monteoliva. Según pudo reconstruirse, existe presión para que esa cartera se expida, aunque no sería la única con objeciones sobre la forma de aplicar la normativa. También desde la Casa Rosada se reclama la puesta en marcha de la Agencia de Migraciones, cuya creación había sido anunciada el año pasado junto al resto del paquete de reformas.
En el proceso deben intervenir las áreas legales de la Presidencia de la Nación y del Ministerio de Economía. Precisamente, el último decreto publicado delega la aplicación del programa en un organismo específico creado para esa función: la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que depende del Ministerio de Economía y está encabezada por Aixa Granara, quien figura en el cargo con carácter ad honorem.
Durante estos meses, actores externos al Gobierno —tanto nacionales como extranjeros, vinculados a la industria global de la ciudadanía por inversión— advirtieron sobre los riesgos de una reglamentación deficiente. Desde el Ejecutivo reconocieron que aún quedan aspectos por pulir entre distintas áreas para garantizar que el proceso tenga los controles adecuados.
Uno de los principales temores que circula entre los funcionarios tiene que ver con la seguridad nacional. Un integrante de primera línea del Gobierno graficó la preocupación con un ejemplo concreto: la posibilidad de que ciudadanos de países con regímenes autoritarios, financiados por sus propios Estados, utilicen el programa para obtener la ciudadanía argentina. No obstante, este argumento tiene un límite legal claro: cualquier normativa que establezca discriminación por nacionalidad podría ser impugnada judicialmente de manera inmediata.
A pesar de estas tensiones, dentro de la Casa Rosada también asoma una crítica hacia quienes frenan el avance: la percepción de que hay funcionarios que evitan tomar decisiones para no asumir ningún tipo de responsabilidad.
Según establece la normativa vigente, los interesados en acceder al programa deberán presentar su solicitud ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Ese organismo evaluará si la inversión cumple con los criterios requeridos y elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá la última palabra para aprobar o rechazar cada caso. Cabe destacar que, hasta ahora, la adquisición de la nacionalidad argentina por naturalización se tramitaba por una vía completamente distinta, sin vinculación alguna con montos de inversión.
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