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| jueves, 20 de agosto de 2026 |
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CABA endurece el control sobre cooperativas de reciclado
El gobierno porteño detectó fallas operativas y quejas vecinales en las 12 cooperativas que recolectan residuos reciclables en la ciudad.
La administración de la Ciudad de Buenos Aires decidió profundizar la fiscalización sobre las doce cooperativas encargadas de recolectar residuos reciclables en el territorio porteño. La iniciativa, que parte directamente de la jefatura de gobierno a cargo de Jorge Macri, busca reformar de raíz un esquema que, según el propio Ejecutivo, arrastra problemas operativos y demandas de los vecinos que no han encontrado solución.
El diagnóstico elaborado por las autoridades es contundente: hay incumplimiento sistemático de horarios, falta de seguimiento de los recorridos, mal uso de uniformes e instrumental de trabajo, y residuos esparcidos sobre las veredas o acumulados frente a los contenedores. Esas situaciones, señaló el gobierno, deterioran el espacio público y justifican la intervención directa del Ejecutivo.
La gestión porteña también subrayó que la problemática va más allá de la eficiencia de un servicio. Quienes separan su basura cotidianamente, ya sean vecinos o comerciantes, necesitan tener la certeza de que ese esfuerzo individual tiene un correlato real en la etapa de recolección. Cuando eso no ocurre, el compromiso ambiental pierde sentido. Ese razonamiento es el que le da sustento político a la decisión de avanzar con reglas más exigentes.
El conjunto de medidas se encuadra dentro del llamado Plan de Ordenamiento Urbano y se organiza en cuatro líneas de acción. La primera tiene que ver con la trazabilidad y el monitoreo en tiempo real: el gobierno implementará un sistema de seguimiento continuo de los recorridos para verificar que las cooperativas cumplan con los horarios establecidos y utilicen correctamente sus herramientas de trabajo.
El segundo eje apunta a la definición de estándares de calidad concretos, con indicadores de desempeño claros y una asignación precisa de responsabilidades para cada organización. El tercero se enfoca en la protección del espacio público, a través de procedimientos que eviten que los desechos se dispersen alrededor de los contenedores o en los frentes de los edificios. El cuarto eje contempla la medición de resultados mediante indicadores transparentes que permitan evaluar la efectividad del servicio y responder con rapidez a los reclamos de los habitantes de la ciudad.
Desde el Ejecutivo afirmaron que el objetivo es consolidar un modelo de reciclado que sea a la vez controlado, eficiente y transparente, capaz de garantizar una mayor recuperación de materiales y de contribuir a mantener la ciudad en mejores condiciones de limpieza y orden. También dejaron en claro que cuando un sistema no alcanza los resultados esperados, el gobierno tiene la obligación de intervenir, corregir y establecer criterios precisos de funcionamiento.
Hasta el momento no se dieron a conocer los plazos en los que se pondrán en práctica las medidas anunciadas. Lo que sí quedó explicitado es la postura oficial ante las irregularidades detectadas: el desorden en la vía pública no será tolerado, y el reciclado, aunque es considerado una política ambiental prioritaria, debe ejecutarse bajo estrictos criterios de higiene y responsabilidad.
Este anuncio se produce en un contexto de expansión de la infraestructura de reciclaje de la ciudad. En 2025, el gobierno porteño inauguró dos nuevas obras en el Centro de Reciclaje ubicado en Villa Soldati, que ampliaron la capacidad para procesar residuos orgánicos y plásticos. Esa ampliación se suma a la incorporación, en 2024, de una planta de residuos mixtos con capacidad para tratar alrededor de 700 toneladas por día, lo que permitió procesar materiales que antes no podían ser abordados ni en otras plantas del complejo, ni en los Centros Verdes, ni a través del sistema de recolección programada por solicitud telefónica.
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