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| domingo, 16 de agosto de 2026 |
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El Senado busca sesionar antes de fin de mes
El oficialismo libertario prepara una sesión para los últimos días de julio con varios proyectos en tabla, evitando fricciones con los bloques aliados.
Tras una semana de tensiones provocadas por el debate sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, que terminó con una ley bastante recortada, el oficialismo decidió bajar los decibeles en el Senado. En lugar de apresurarse, La Libertad Avanza opta por tomarse el tiempo necesario para organizar una sesión hacia finales de julio, con la vista puesta en no repetir los cortocircuitos que deterioraron el vínculo con sus socios legislativos.
Durante los últimos días, desde distintos bloques dialoguistas llegaron señales de incomodidad. Las quejas apuntaron en varias direcciones: cuestionamientos al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como blanco más accesible para desviar las críticas; indicadores económicos que empiezan a inquietar a senadores de diferentes extracciones; y un ojo puesto en el horizonte electoral que condiciona los movimientos de más de un espacio político.
En ese contexto, lo primero que entraría en el orden del día de una eventual sesión es un nuevo conjunto de pliegos judiciales que maneja la comisión de Acuerdos, presidida por el senador rionegrino Juan Carlos Pagotto. También se sumarían varios convenios internacionales que ya superaron sin mayores inconvenientes los filtros parlamentarios. La incógnita que persiste es cuál proyecto de peso logrará estar listo para ser votado en el recinto.
Una de las iniciativas que ya cuenta con dictamen favorable y media sanción de la Cámara de Diputados es la conocida como ley Hojarasca, impulsada por Sturzenegger. Sin embargo, tanto oficialistas como aliados coinciden, en voz baja, en que conviene no apurarla por ahora. Esta norma propone eliminar una serie de regulaciones consideradas obsoletas, agrupadas en seis categorías: leyes desplazadas por normas posteriores, disposiciones superadas por el avance tecnológico o el simple paso del tiempo, reglas que restringen libertades individuales, mecanismos que generan burocracia innecesaria, normas referidas a organismos ya disueltos y entidades que reciben fondos públicos sin actividad real comprobable.
Entre las disposiciones que quedarían sin efecto figuran normas del siglo XIX sobre castigos corporales, regulaciones de microfilmación, leyes sobre mochileros y controles sobre laboratorios públicos que, según el Ejecutivo, nunca cumplieron sus objetivos ni recibieron financiamiento efectivo. Desde un sector aliado reconocieron que no hay urgencia para avanzar, aunque un legislador del oficialismo consideró excesivo frenar una iniciativa técnica por razones que son, en el fondo, más políticas que sustantivas.
En paralelo, a mitad de semana se retomó en un plenario de comisiones el análisis del llamado Súper RIGI, un régimen de incentivos destinado a atraer inversiones superiores a los mil millones de dólares en sectores que el Gobierno define como industrias del futuro. El kirchnerismo rechazó el proyecto, y varios bloques dialoguistas se mostraron reservados. Para intentar despejar dudas, el oficialismo tiene previsto convocar la semana próxima al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, aunque la visita podría resultar incómoda dado el foco que la oposición pone en la situación económica cotidiana de los argentinos.
Otro proyecto que sigue su curso es la reforma de la Ley de Salud Mental, que registra avances dispares según los temas. De los catorce puntos en discusión, la mitad contaba con consenso, cinco generaban dudas y dos concentraban el mayor rechazo. Entre los aspectos más conflictivos aparecen las obligaciones que se impondrían a familiares y representantes legales de personas con padecimientos mentales. Finalmente, también circula en el Senado una iniciativa sobre Sociedades, también de la cartera de Sturzenegger, aunque por ahora no acumula demasiados apoyos más allá del interés de algún senador dialoguista que la sigue con atención.
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